La Constitución, sin embargo, garantiza a todos la posibilidad de expresarse libremente y de participar activamente de la vida política.
Entre el pueblo y el gobierno existen organizaciones denominadas partidos políticos que tienen el deber de “expresar el pluralismo y concurrir a la formación de las autoridades electivas, a la orientación de la política nacional, departamental o municipal y a la formación cívica de los ciudadanos”. (CN).
Sin embargo, en el tiempo que llevan funcionando, los partidos se han convertido en herramientas de reducidas élites, inclusive de ciertas familias, que las utilizan como vehículo para mantenerse en el poder y frenar la participación ciudadana. En los más de cien años de vida de algunos de ellos se produjeron innumerables casos de atropellos a las garantías legales y constitucionales de los ciudadanos con sanciones aplicadas en forma de venganzas o lecciones para los demás.
Reproducen el sistema
Los partidos jóvenes reproducen el sistema de los antiguos con extremada facilidad, lo que demuestra la mentalidad autoritaria con que actúa la mayoría de los líderes políticos, especialmente en contra de sus propios correligionarios. Para el efecto implementan los tribunales de conducta, cuya misión es actuar oportunamente en contra de los enemigos de la cúpula vigente.
Si bien es cierto que el Código Electoral faculta a los partidos políticos a establecer en sus estatutos las normas de conducta interna, con las sanciones para quienes la contravengan y el órgano que las aplique, los tribunales de conducta partidaria generalmente se limitan a cumplir órdenes de las cúpulas, sin cuidar en algunos casos las formas ni las claras disposiciones legales.
Causas y efectos
¿Qué efectos tienen las sanciones partidarias y cuáles son sus causas?
Causas. Las sanciones partidarias tienen varias causas. Por renuncia, candidatarse por otro partido, doble afiliación y condena judicial. La expulsión o desafiliación es el terror de los miembros de las cúpulas partidarias y de quienes ejercen la representación (senadores, diputados, gobernadores, intendentes, concejales, etc.), pero también de los precandidatos que asumen posturas críticas con respecto a la conducción de sus partidos.
Efectos. Con las expulsiones encima los mandatarios, que siempre son potenciales candidatos al continuismo o a otros cargos electivos, y los nuevos precandidatos pierden la posibilidad de integrar las listas sábana y el apoyo estructural del partido. De esa forma se purgan las listas con base en necesidad de lealtad y sometimiento, eliminando enemigos internos por cuestiones que inclusive cuentan con respaldo constitucional, como el derecho a la libre expresión, a la disidencia y a no recibir mandatos imperativos, en el caso de los parlamentarios.
Algunos tribunales de conducta de los partidos se alzan directamente en contra del artículo 30 del Código Electoral, que señala: “Las cuestiones de opinión puramente políticas están exentas de la autoridad de los Magistrados” y pretenden sancionar las opiniones de parlamentarios que resultan críticas o contrarias a los caciques políticos. Las arbitrariedades de estas cúpulas generalmente no tienen respuesta de la justicia, la cual, como se sabe, es funcional al poder político, y si por casualidad encuentra respuesta, esta llega siempre tarde, ya cuando el sancionado perdió su derecho al sufragio pasivo, es decir, el derecho a competir dentro de su partido.
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