La fiscalía de delitos económicos inició la investigación del expediente del caso Arza Huerta.
Los hermanos Mauri y María Carmen Arza Huerta reclaman 10 millones de dólares al Estado paraguayo, con base en un acuerdo conciliatorio firmado con la Procuraduría General de la República, en febrero último.
El millonario monto corresponde a la venta de ocho hectáreas de tierra al Estado, supuestamente localizadas dentro del predio de la Fuerza Aérea Paraguaya.
Los investigadores encontraron que el señor Diógenes Arza, padre de los recurrentes, adquirió un inmueble en el año 1928.
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Filiación y sucesión
Mauri y María Carmen son hijos extramatrimoniales y lograron reconocimiento como hijos legítimos en el año 1987 a través de un juicio de filiación que tuvo lugar 32 años después de la muerte de Diógenes Arza.
En aquel momento, el Código Civil hacía diferencia entre hijos legítimos e hijos extramatrimoniales.
Según los investigadores, en el año 1996 se iniciaron los trámites de sucesión de Diógenes Arza, es decir 41 años después de que ocurriera su fallecimiento.
En la documentación consta que la sucesión comenzó el 30 de diciembre de 1996, con la declaración de solo dos herederos, Mauri y María Carmen.
Resulta extraño que otros seis hijos de Diógenes Arza más los hijos de otros hermanos fallecidos renunciaran a la herencia manifestando que “no tenían interés en reclamar ningún derecho hereditario”.
De acuerdo con nuestra legislación, la apertura de sucesión tiene plazo hasta 10 años; aquí el proceso de distribución de herencia comenzó 41 años después.
Supuesto desalojo
Los Arza Huerta aseguran que su padre fue desalojado en forma violenta por los militares, por eso reclaman la restitución de derechos.
El terreno adquirido en 1928 recién fue inscripto en el año 1958, nada menos que 30 años después de la compra; los Arza Huerta aseguran que el desalojo se produjo en 1943. Según esta teoría, el propietario fue desalojado en 1943 y en 1958 inscribió su título de propiedad.
En febrero último, el exprocurador general Pedro Valiente Lara firmó un acuerdo con los Arza Huerta aceptando la compra de dicha tierra por US$ 10 millones que debe pagar el Estado. La finca reclamada nunca se localizó en el terreno.