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La resolución, que se conoció ayer y que lleva fecha del 21 de octubre, hace referencia a la acción de inconstitucionalidad que había planteado el diputado liberal por el Ñeembucú contra un artículo de la Ley 4995, de Educación Superior, y contra una resolución del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).
Básicamente, tanto la ley como la resolución del Cones impedían que Ríos Ojeda pudiera seguir ocupando el cargo de rector de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) al mismo tiempo que ocupara un escaño en el Poder Legislativo.
Ante esta situación, Ríos planteó una acción de inconstitucionalidad para seguir en el cargo de rector de la casa de estudios y a su nada despreciable sueldo dentro de la UNP (G. 34.271.548).
Tras varios meses de dilación y a días de que entre a regir un permiso sin goce de sueldo que había solicitado Ríos tras los cuestionamientos por su doble remuneración, la Sala Constitucional de la Corte lo favoreció con una medida cautelar.
En la resolución, la Sala Constitucional hace lugar a la suspensión de los efectos de la Ley de Educación Superior y de la resolución que había emanado el Cones y que impedían a Ríos seguir como rector de la UNP. Esta suspensión durará hasta que la máxima instancia judicial estudie el fondo de lo planteado por Ríos.
El tercer firmante de la resolución emanada por la Sala Constitucional es el magistrado Carlos Escobar Espínola, miembro del Tribunal de Apelación.
De esta manera, los ministros liberales de la Corte Suprema de Justicia le dieron una mano a su correligionario.
Maniobra
Ríos había conseguido de forma previa apartar a los ministros Gladys Bareiro, Antonio Fretes y Miryam Peña, Raúl Torres, Alicia Pucheta, Luis María Benítez riera y César Garay. Es decir, consiguió armar una sala a su medida con sus dos correligionarios (Bajac y Blanco) y el camarista Carlos Escobar.
Por otro lado, una intervención de la Contraloría General había detectado varias irregularidades en la casa de estudios bajo el mando de Ríos.