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Cartes objetó totalmente el proyecto de ley 5799/2017 “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial” que, entre otras disposiciones, cercenaba a la Opaci, una de sus fuentes de recaudación. La organización no gubernamental, que actualmente cobra G. 10.000 por la expedición y renovación de las licencias de conducir por parte de las municipalidades, es cuestionada por la falta de transparencia en el uso de los fondos recaudados y por ser un botín de un grupo de políticos, la mayoría colorados y aliados del actual titular del Ejecutivo.
Precisamente, a causa de las críticas la Opaci redujo el cobro de G. 20.000 a G. 10.000 por las licencias de conducir y también en el Congreso se aprobaron iniciativas para disminuir las atribuciones de la entidad.
El proyecto de ley vetado por Cartes no había sacado la potestad a la Opaci de seguir cobrando por transferencia de inmuebles. Según balances de la organización realizados desde el 2010 al 2015, en total recaudó G. 182.059.718.920 (unos 30 millones de dólares al cambio actual) por las licencias de conducir, aranceles por Inspección Técnica Vehicular (ITV), servicio de intermediación, impuesto a transferencia de bienes raíces y operaciones de créditos (ver cuadro).
Cartes, en su decreto del veto, alega que el proyecto de ley plantea modificaciones que “atentan contra la autonomía municipal consagrada en el artículo 168 de la Constitución”, como el hecho de “concentrar en la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial” la expedición de las licencias de conducir, la ITV, el uso de la tecnología en el control de las infracciones de tránsito y que las municipalidades deban dictar sus ordenanzas conforme a la reglamentación de la citada agencia.
Destaca que las municipalidades actualmente expiden las licencias de conducir con la Opaci porque esta entidad cuenta con una base de datos que evita la duplicación de los carnés.
El Ejecutivo también rechaza que los menores de 16 años puedan conducir ciclomotores y motocicletas.
El proyecto de ley en cuestión ya fue sancionado el 23 de marzo pasado por el Congreso, pero este poder remitió el documento al Ejecutivo recién el 7 de septiembre último. Cartes utilizó casi todo el plazo que tenía para pronunciarse sobre el proyecto, que ayer vetó e informó de inmediato de su decisión al Legislativo.