Señala que las comunidades indígenas del Paraguay sufren una marginalización y discriminación sistemática, y agrega que Paraguay es uno de los países con grandes deudas pendientes para poder enorgullecerse del cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Refiere igualmente que nuestro país es el único de América que ha sido sentenciado en tres ocasiones distintas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violar el derecho colectivo de comunidades indígenas a sus tierras ancestrales.

Las sentencias se dieron en los casos de las parcialidades nativas de Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xámok Kásek. Ninguna de las tres sentencias ha sido cumplida de manera cabal.

En el caso de Sawhoyamaxa, el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso nacional una ley de expropiación como medida para poder restituir las tierras ancestrales a la comunidad, tras el nulo resultado de las negociaciones para su compra.

“Es imperativo que el Congreso priorice el debate sobre este proyecto de ley con miras a aprobar la expropiación para que los Sawhoyamaxa puedan recuperar legalmente sus tierras ancestrales sin más retraso. Si el proyecto de ley prospera, Paraguay estará mandando una señal fuerte en el país e internacionalmente de que tiene voluntad para cumplir con la sentencia internacional y los derechos humanos de los pueblos indígenas”, manifestó Frank Conde, vicedirector de Comunicación de Amnistía Internacional capítulo Paraguay.

En el caso de los Yakye Axa, la expropiación de sus tierras ancestrales fue denegada por el Poder Legislativo y entonces la comunidad se vio obligada a aceptar otras tierras.

Sin embargo, los nativos ni siquiera han podido ingresar a esas tierras, ya que no se ha construido el camino necesario al que se comprometió el Estado.

En el caso de los Xámok Kásek, no hay avances, a pesar de que en este mes de setiembre vence el plazo de tres años impuesto por la CIDH.