Amnistía Internacional (AI) exhortó ayer al Gobierno a adecuar sus normativas al Estatuto de Roma, que regula el funcionamiento de la Corte Penal Internacional (CPI).
"Más de 10 años han transcurrido desde que nuestro país ratificara el Estatuto de Roma. Sin embargo, el Estado paraguayo ha incumplido con la obligación de implementar en su legislación las normas de ese Tratado", indica AI en un comunicado firmado por Fabián Forestieri, titular de la organización en Paraguay.
El manifiesto fue emitido en coincidencia con la conmemoración del Día de la Justicia Internacional, que se recuerda el 17 de julio.
"Todos los Estados tienen la obligación de investigar y enjuiciar los crímenes de derecho internacional ante sus propios tribunales nacionales, lo que incluye ejercer la jurisdicción universal sobre crímenes cometidos fuera de su territorio", expresa Forestieri, según el texto.
El titular del organismo resaltó además que "es fundamental y urgente que el Estado paraguayo promulgue una ley efectiva que faculte a sus tribunales a investigar y enjuiciar todos los crímenes de derecho internacional" y que "ofrezca una reparación completa y efectiva a las víctimas" que permita la cooperación con la Corte Penal Internacional.
Anteproyecto de ley
Fuentes de la Cancillería paraguaya informaron que la redacción del anteproyecto de ley de implementación del Estatuto de Roma se encuentra en etapa final y que será remitido al Congreso para su estudio.
La CPI "es un tribunal penal permanente, que está facultado para ejercer su jurisdicción con relación al territorio y los nacionales de aquellos Estados que decidan ser parte en el Estatuto de Roma, cuando los crímenes más graves de trascendencia internacional sean cometidos y los Estados no puedan o no quieran por cualquier motivo ejercer su propia jurisdicción. La Corte funciona como un organismo autónomo de cualquier otro poder. Sin embargo, esto no evita que en el cumplimiento de su mandato cuente con la asistencia de los poderes públicos de cada país", explicó AI.