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La interpelación al ministro de la Función Pública Humberto Peralta tomó ayer un giro inesperado en la Cámara de Diputados, al revelarse una denuncia que hizo el funcionario contra legisladores de la comisión Bicameral de presupuesto ante la fiscalía.
La acusación fue que los parlamentarios modificaron el presupuesto general de gastos de este año, en el anexo de personal del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) incurriendo en tráfico de influencias o aceptando dinero.
El documento de acusación, hecho público por el diputado colorado Mario Cáceres, presidente de la comisión de presupuesto, motivó fuertes cuestionamientos y la exigencia a Peralta de dar nombres de los legisladores corruptos. El funcionario dijo que no tenía nombres y que la fiscalía debía investigar. También le exigieron hacer pública la lista de planilleros en las instituciones públicas que prometió.
Previamente, como estaba previsto, Peralta admitió el error de haber instado a jubilarse a los legisladores mayores de 65 años y pidió disculpas personales a cada uno de ellos.
No obstante, recibió fuertes críticas, en especial de opositores, como María Carísimo, que lo tildó de “burro”. Varios le instaron a renunciar, a lo que él respondió que su cargo está a disposición del presidente Horacio Cartes.