Los ediles argumentan que el jefe comunal de Ypané no asiste al municipio a cumplir funciones hace cinco meses y 23 días, por lo que piden al Tribunal Electoral de la Capital, Primera Sala, que aplique el Art. 53 de la Ley 3966/2010 de Orgánica Municipal que hace referencia al abandono del cargo.
Denunciaron que el intendente liberal comete una ilegalidad al no asistir a su lugar de trabajo y en forma arbitraria maneja los recursos y la cosa pública en el distrito de Ypané. Lamentan que por no tener mayoría en la Junta Municipal no puedan lograr una buena administración y dar lugar a la transparencia.
Los ediles recuerdan que Ortiz fue imputado por dos hechos punibles contra el patrimonio, por lesión de confianza. También que se ordenó su detención y en enero de este año se le impuso medidas alternativas a la prisión. Además se le declaró rebelde al no cumplir con las medidas y se ordenó su detención. En febrero de este año el Juzgado Penal de Garantías de J. Augusto Saldívar ordenó su arresto domiciliario, luego el mismo juzgado modificó el arresto domiciliario por medidas alternativas con la prohibición de ingreso a la sede comunal.
Alegan que Ortiz, al no haber solicitado el pedido de permiso a la Junta Municipal se ausentó, con lo cual sobrevino la inhabilitación para acercarse al municipio por parte de la justicia.
Piden al Tribunal Electoral de la Capital aplicar la Ley de Orgánica Municipal y designar al titular de la Junta como intendente interino, quien es su hermano Dilio Ortiz (PLRA); ínterin, se convoca a nuevas elecciones.
Un grupo de pobladores de la ciudad de Ypané se manifestó ayer frente a la sede de la Justicia Electoral para pedir la destitución de su intendente Ortiz, imputado por la presunta malversación del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Isidro Meza, uno de los manifestantes, señaló que existen pruebas contundentes de la Contraloría en contra del jefe comunal de Ypané, donde se señala que se cometieron graves delitos por el uso de Fonacide.
La Contraloría reportó meses atrás a la fiscalía un indicio de hecho punible contra el patrimonio público en la Municipalidad de Ypané, por G. 70.497.000. Uno de los cuestionamientos de Contraloría es que en la gestión de Ortiz se compraron 27 computadoras de la firma Servicios Digitales de Eduardo Luis Vera Sanabria, por G. 120.150.000.