Este organismo de derechos humanos expresó su total acuerdo en que se indemnice a soldados muertos durante la revuelta del 2 y 3 de febrero que derrocó al dictador Alfredo Stroessner.
En la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de ley que pretende indemnizar, con dinero del Estado paraguayo, a vencedores y vencidos de aquella revuelta.
Indicó que lo ocurrido no fue una revolución, “fue un cuartelazo para cambiar un régimen despótico por una seudodemocracia, donde el pueblo pobre es igualmente perseguido”.
Señaló que al mismo tiempo exigen al Congreso y al Ministerio Público que recuperen los bienes malhabidos que aún se encuentran en poder de quienes eran colaboradores cercanos del stronismo. “Deben ser incluidos los generales que dirigieron el cuartelazo de 1989, encabezado por el narco general Andrés Rodríguez (ver revista Selecciones del año 1976). También los bienes malhabidos de los “Carlos”, pues sostuvieron 35 años al gobierno criminal de Alfredo Stroessner”, manifestó Velázquez.
Recordó que durante la dictadura de Stroessner los generales que encabezaron el golpe en 1989 “se volvieron multimillonarios con el contrabando, con tierras robadas a campesinos pobres, con el tráfico de drogas y de otros muchos delitos cometidos durante la época stronista”.
Eran “carne de cañón”
Velázquez dijo que en la revuelta de 1989 los soldados fueron usados como “carne de cañón” de un grupo de generales que recibieron la orden para derrocar a un gobierno que ya no era útil. Involucró en esta posición al Gobierno estadounidense de la época. Según la propuesta, los montos a ser asignados, en un único pago, serán de 3.000 jornales mínimos (G. 240 millones) para herederos de combatientes que perdieron la vida, y 2.000 jornales (G. 140 millones) para combatientes que participaron directamente en los combates.