Plantean reforma judicial modificando la Constitución

Este artículo tiene 12 años de antigüedad

Los senadores de izquierda proponen modificar la Constitución “para hacer una verdadera reforma judicial”. El senador Arnaldo Giuzzio asegura que es necesario revisar las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia y además hacer que las acciones de inconstitucionalidad tengan efectos generales.

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La multibancada de 11 legisladores de izquierda en el Senado plantea una serie de cambios en la Justicia. Una propuesta trabajada por el senador y exfiscal Arnaldo Giuzzio, que es apoyada por el bloque, sugiere rever algunas de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Plantean modificar el artículo 191 de la Constitución Nacional, para que en vez de que sean los legisladores los que estudien el retiro de los fueros a sus pares como actualmente ocurre, sea el pleno de la Corte Suprema de Justicia el que resuelva el desafuero o no de los parlamentarios.

Asimismo, sugieren modificar el artículo 33 de la Ley 1084/97, para permitir que los magistrados tengan una instancia más de apelación en caso de una sentencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Actualmente, solo pueden hacerlo mediante una inconstitucionalidad.

Respecto a la acciones de inconstitucionalidad, creen ideal modificar el artículo 260 de la Constitución para que las decisiones de la CSJ tengan efectos generales (erga omnes) y no como ahora que debe ser específicamente para cada inconstitucionalidad planteada.

Según Giuzzio, consideran positivo que se haya superado la etapa en la que se hablaba solamente del cambio de ministros de la Corte. Indicó que la conformación de una Comisión Nacional para el estudio de la Reforma del Poder Judicial, integrada por representantes de los tres poderes, fue un paso positivo.

La propuesta del legislador incluye también modificar el Artículo 262 de la Carta Magna, para incluir al fiscal general del Estado como miembro del Consejo de la Magistratura. Asimismo, sugieren que la CSJ debe “deshacerse” de instituciones a su cargo como el Registro de Automotores, la Dirección General de los Registros Públicos y la Sindicatura de Quiebras, y que estos y otros registros conformen un Registro Nacional Unificado (RNU). También piden la creación de la Policía Judicial y que sea Hacienda la que haga el trámite de cobro de tasas judiciales y ya no la Corte.