El listado remitido a la Justicia Electoral, donde aparecen los tenedores de los bonos de campaña de las elecciones municipales pasadas, corresponde solo a los administradores de campaña y no a quienes finalmente financiaron la campaña electoral de los liberales.
Báez también reveló que solicitaron a los administradores de campaña el listado de las personas que compraron los bonos, pero que nadie cumplió porque los financistas prefieren no aparecer como tales.
Para la campaña previa a las elecciones municipales en Asunción solo en bonos se colocaron G. 610.000.000. Figura como tenedor Marcelo Adrián González Rodas, funcionario de la Justicia Electoral comisionado a la Municipalidad de Asunción. Actualmente es director del Centro Municipal de Promoción Profesional.
Los candidatos por acta designaron a sus administradores de campaña. En el caso del PLRA existió un acuerdo debido a que el órgano partidario respaldó la candidatura de Ferreiro para la Intendencia de Asunción.
Según el administrador del PLRA, se autorizaron y emitieron bonos por G. 10.000 millones, pero se colocaron por valor de G. 9.780.000.000. La deuda vencerá en noviembre de este año y al momento del cobro los “verdaderos financistas” cobrarán la deuda con un interés del 10%, según estableció el Directorio.
La ley
La Ley 4743/12 en su artículo 68 señala que los partidos y movimientos políticos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente contribuciones o donaciones anónimas.
Luego de siete meses, el PLRA remitió a la Justicia Electoral la nómina, pero solo de administradores designados para retirar y colocar los bonos de campaña, no de los financistas, que permanecen anónimos.
¿Quién debe controlar?
El asesor y técnico de la Comisión de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Edmundo Rolón, afirmó que no tienen competencia para requerir al PLRA la nómina de sus acreedores finales que financiaron sus campañas en las municipales pasadas. “Los aportes anónimos están prohibidos, pero nosotros no tenemos competencia en ello. Allí ya debería intervenir la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)”, indicó.
Añadió que para el TSJE concluye el proceso que se inicia para otros entes.