La millonaria suma se encontraba depositada en dos cuentas del Banco Nacional de Fomento y debía ser destinada a la compra de tierras para las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa, en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, motivo por el cual no podía ser utilizada para ningún otro fin.
El fiscal tomó en cuenta para imputar que, de las averiguaciones realizadas en torno al caso, se pudo constatar que Quesnel vació las dos cuentas del BNF que estaban destinadas a las comunidades indígenas. También involucra a Marlene Mendoza, exadministradora.
El retiro del dinero se realizó en cinco ocasiones en un lapso de menos de un mes –entre el 11 de enero y el 6 de febrero del corriente– y aún se desconoce su paradero.
Documentos incautados del BNF, en coincidencia con filmaciones de la cámara de seguridad de la entidad bancaria, demuestran supuestamente que Quesnel y Mendoza retiraron los aproximadamente G. 3.000 millones, en las fechas indicadas. También Éver Otazo participó en la operación, según la imputación.
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Un cuarto imputado es Óscar Viera, presidente de la Fundación Reforeast Par, donde habrían sido depositados G. 3.100 millones que debían ser destinados a favor de las comunidades nativas del Chaco.
Viera admitió que firmó documentos relacionados con el supuesto pago, pero dijo que nunca le entregaron la plata.
Los cuatro se encuentran en la cárcel, procesados por el juez Óscar Delgado por los delitos de lesión de confianza y apropiación.