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Para el 3 de junio a las 08:30 de la mañana fue convocado el diputado colorado Tomás Fidelino Rivas para la audiencia de imposición de medidas cautelares ante la referida jueza penal de garantías.
La magistrada admitió la imputación contra legislador por estafa, cobro indebido de honorarios, uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, situación que hace un año Rivas viene evitando con incidentes que llegaron inclusive hasta la Corte Suprema de Justicia.
La Sala Constitucional había rechazado una acción de inconstitucionalidad planteada por el legislador a fin de evitar perder sus fueros.
Con el rechazo de la acción y la confirmación en la causa de la jueza Leticia Paredes el pasado miércoles, los Diputados en mayoría resolvieron despojarlo de sus fueros. Finalmente se sometió a la justicia.
La Fiscalía tiene hasta el próximo 23 de septiembre para presentar requerimiento conclusivo acusatorio o no.
Preliminar para “caseros”
Por otro lado, la magistrada también fijó la audiencia preliminar para los sindicados como “caseros” del legislador.
Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco González fueron citados para el próximo 10 de junio, día que se resolverá si la causa será elevada o no a juicio oral y público.
Según la acusación de la fiscal Yolanda Portillo, de julio de 2016 a enero de 2017, Nery Antonio Franco González cobró indebidamente en la Cámara de Diputados G. 24.000.000, con un salario de G. 3.000.000. Por su parte Lucio Romero Caballero cobró 17.791.660 guaraníes con un ingreso de G. 2.000.000 millones.
En tanto que Nery Antonio Franco González, en el mismo tiempo, percibió G. 24.000.000, con un salario de G. 3.000.000.
Yolanda Portillo señala que cometieron estafa y cobro indebido de honorarios. Los tres supuestamente figuraban en la planilla de la Cámara Baja, pero en realidad eran caseros de Tomás Fidelino Rivas.
El legislador fue imputado por presuntamente certificar las asistencias de sus empleados particulares que no prestaban servicios como “auxiliares” en su oficina legislativa.