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Romero Roa apuntó que la obligación de que los funcionarios públicos hagan su declaración de bienes y rentas tiene rango constitucional y ya estaba reglamentada por ley pero la modificación es que ahora será publicada para que toda la ciudadanía pueda tener acceso a la misma.
El proyecto de ley, que faculta a la Contraloría General de la República, a publicar las declaraciones de bienes y rentas, fue aprobado el miércoles pasado en el Senado tras un largo debate. La propuesta legislativa fue presentada por el senador de Cruzada Nacional, Paraguayo “Payo” Cubas.
Romero Roa, consultado sobre el polémico dictamen de la Corte Suprema de Justicia, que señala que la ley ahora en estudio en la Cámara de Diputados sería inconstitucional, dijo que evaluarán lo que aprobó el Senado y, de ser necesario, lo mejorarán, pero en principio consideró que es muy positiva la nueva norma.
El legislador señaló que inclusive ahora la ley dará mayor seguridad a los funcionarios ya que le permitirá estar en regla con la Constitución, además de despejar dudas sobre el origen de su patrimonio.
Estructura tecnológica para la Contraloría
Señaló, por otro lado, que posiblemente se deberá dotar a la Contraloría General de la República de una buena estructura tecnológica de manera que sea posible que en una sola base de datos se tengan la totalidad de los datos de todos los funcionarios que reciben remuneración del Estado.
En cuanto al argumento de que la publicidad del patrimonio de los funcionarios puede afectar su seguridad e inclusive ponerlos en riesgo de ser secuestrados, el parlamentario del Alto Paraná dijo que para eso están los organismos de seguridad que deben cuidar a todos los ciudadanos, más allá de su situación económica.
Además, indicó que los criminales actúan independientemente que se sepa del poder económico que tenga una persona.
Respecto a la exclusión de realizar su declaración jurada de bienes por parte del sector privado que recibe rubros o contratos del Estado, Romero Roa dijo que existen los organismos de control específico sobre la utilización del dinero público para estas circunstancias y no es necesario que tengan que rendir cuentas de un patrimonio que no está vinculado al sector público.
Señaló que una vez que reciban el proyecto de ley, lo estudiarán en comisión y también en su bancada, aunque en principio lo consideran de gran utilidad.
La idea de habilitar el acceso ciudadano a los datos del patrimonio de las personas que reciben dinero público es algo que siempre se trató de evitar en el Congreso. Pero la presión cada más firme de la ciudadanía sobre la necesidad de la transparencia, en un contexto de corrupción endémica, al parecer ha obligado a los senadores a aprobar el proyecto de ley. Ahora está por verse la decisión en Diputados, y si lo aprueban, estará en manos del presidente Mario Abdo Benítez la responsabilidad de promulgarlo.