Aunque las quejas sobre las deficiencias de atención y de entrega de medicamentos siguen a la orden del día, sin solución conocida a corto plazo, el presidente de la previsional, Hugo Royg, dio prioridad a la firma de contratos con tres abogados por un total de G. 127.500.000, es decir, más de US$ 28.000. Cada uno de ellos estará solamente un promedio de dos a tres meses en la institución, desde setiembre hasta diciembre. Esto no sería discutible si no fuera porque el IPS ya tiene un staff permanente de 45 abogados en la Dirección de Asesoría Jurídica.
El 12 de setiembre, Royg firmó la resolución para contratar al abogado Marco Antonio Kohn Gallardo a fin de hacer un diagnóstico y relevamiento de datos de la Dirección Jurídica de la institución. El documento establece que el letrado podrá realizar asesoría de casos inherentes al diagnóstico hecho y otras cuestiones que pida el titular del IPS.
“Los servicios profesionales se cotizarán en G. 56 millones a partir del 1 de setiembre hasta el 31 de diciembre”, dice el documento con fecha 12 de setiembre. En el Consejo del IPS aún no hay informes de los trabajos de Kohn Gallardo, pese a que la institución ya pagó parte de sus honorarios. La abogada Valeria Franco López Moreira (exsecretaria general de la Secretaría de la Función Publica en el gobierno de Fernando Lugo) también fue contratada por Royg desde el 16 de octubre hasta el 31 de diciembre, menos de dos meses y medio. Franco cobrará G. 27.500.000, según estableció el presidente del IPS, para brindar asistencia técnica.
La tercera contratada externa es la abogada Andrea Vera, que recibirá de honorario un total de G. 44.000.000 por servicios hasta finales de diciembre. La letrada sería recomendada de Ana María Llanes, directora de Asesoría Jurídica del IPS, y Kohn Gallardo. Los tres abogados contratados por Royg costarán a los asegurados un total de G. G. 127.500.000.