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En su sesión del miércoles, la Cámara de Diputados, por 54 votos a favor y seis en contra, rechazó el veto del Ejecutivo a la ley que pretende crear 72 cargos, bonificaciones, horas extras y seguro médico para funcionarios de la Contraloría General de la República, que demandará G. 13.000 millones, unos US$ 2 millones.
Se especulaba que el Senado, en su sesión de ayer incluirían el tratamiento del veto, para rechazarlo y obligar al Ejecutivo a promulgarlo. Sin embargo, el documento quedó en asuntos entrados y fue girado a comisiones, donde recién será estudiado desde marzo de 2019, cuando ya esté vigente el Presupuesto del año que viene.
Los senadores necesariamente deberán aceptar el veto porque la ampliación presupuestaria será ya extemporánea. De esta forma, el plan de repartija de cargos de Enrique García queda en aguas de borraja.
De acuerdo a las versiones que circulaban en el ambiente político, la ampliación presupuestaria serviría para que referentes de distintos partidos políticos tengan rubros en esa institución.
El contralor general, Enrique García, fue acusado en marzo de 2018 por la Cámara de Diputados. El tratamiento de ese juicio político está pendiente en el Senado. El proceso se inició porque García, cuando era director jurídico de la Municipalidad de Asunción, no apeló un fallo desfavorable a la Comuna con Ivesur, perjudicando a esta en unos US$ 3 millones. Por esta cuestión, la autoridad está imputada y no puede ser procesada salvo que sea desaforada.
Hasta el momento, el juicio está “cajoneado” en el Senado. El principal actor político que opera para defender a García sería el senador Dionisio Amarilla, quien está investigado por enriquecimiento ilícito.
La esposa de Amarilla, Analy Valiente, es la directora de Declaraciones Juradas de la Contraloría. Es decir, si el Ministerio Público decide conocer el patrimonio del legislador, será su cónyuge quien deba proporcionar estos datos.