El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, el liberal Amado Florentín, señaló que el pedido de juicio político contra el contralor general de la República, Rubén Velázquez Gadea (Unace), aún no fue analizado en la bancada del PLRA. Indicó que en el transcurso de la semana el caso sería estudiado tanto en Mesa Directiva de Diputados como entre los miembros liberales.

Velázquez es investigado por aprobar millonarios pagos irregulares por horas extras a funcionarios privilegiados sin títulos académicos.

Entre ellos figuran una secretaria vip, Liz Paola Duarte; el suegro del senador Jorge Oviedo Matto, César Raúl Torales Cáceres, y un sobrino del funcionario investigado.

A esto se suma que la Fiscalía descubrió que los jugadores de un equipo de fútbol del club Corrales, cuyo dirigente es el propio contralor, estaban asalariados en la institución.

Salarios irregulares

El diputado Amado Florentín remarcó que un juicio político es una cuestión de reunir el número necesario de votos en ambas Cámaras del Congreso. No obstante, señaló que en caso de que la Fiscalía de Delitos Económicos pida el desafuero del funcionario, el mismo sería otorgado sobre tablas.

Subrayó que la fiscalía debe pedir el desafuero de Rubén Velázquez para que el mismo sea imputado y acusado y así “vamos a ver cómo se desarrolla el proceso”.

La declaración de la Cámara de Senadores que pide a los diputados iniciar el juicio político no cayó bien para Florentín. Señaló que ambas instancias legislativas son independientes.

Definir el primer juicio

A su turno el diputado Ramón Romero Roa (ANR), titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, manifestó que los senadores primero deberían definir el juicio político contra los ministros de la Corte Suprema Sindulfo Blanco, Miguel Óscar Bajac y César Garay Zuccolillo.

El legislador señaló que dicho proceso “duerme arbitrariamente” en la Cámara Alta. “Que asuman una posición, que lo rechacen o lo aprueben”, remarcó finalmente.