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“Es un gran triunfo para el Paraguay. Admiro la justicia y las instituciones norteamericanas. Es una ratificación de cómo funcionan las instituciones en una auténtica democracia. La Justicia americana ha hecho justicia con Paraguay”, manifestó ayer el senador colorado cartista Luis Castiglioni antes del inicio de la sesión en la Cámara Alta.
El legislador celebró el fallo a favor del país de la jueza federal de Washington (EE.UU.) Ketanji Brown Jackson. El argumento principal de la jueza es que el argentino-uruguayo Gustavo Gramont Berres (cuyo nombre verdadero es Benjamin Levy Avzarradel) no estaba autorizado a gestionar los dos préstamos internacionales en nombre de Paraguay porque no tenían autorización oficial.
Además, los préstamos obtenidos por Gramont del Overland Trust de Ginebra (Suiza) entre los años 1986 y 1987 no fueron aprobados por el Congreso Nacional, tal como exigía la Constitución de 1967 (obligación que sigue vigente con la nueva Carta Magna de 1992).
La demanda contra Paraguay fue presentada en EE.UU. por la aseguradora italiana SACE, que compró los títulos de la deuda de un sindicato de diez bancos internacionales, que a su vez adquirió los documentos del Overland Trust antes de que desapareciera del mercado financiero.
La aseguradora italiana SACE reclama a Paraguay unos US$ 95 millones porque están seguros de que Gramont podía endeudarle al Paraguay a título personal. Pero para la jueza estadounidensem el argentino-uruguayo no tenía facultad porque era un cónsul honorario en Ginebra y no tenía los plenos poderes. Además, Gramont había falsificado documentos oficiales para conseguir el crédito y comprometer a nuestro país. Para más, confesó en juicio que por la gestión cobró una coima de unos US$ 4 millones.
Con el fallo a favor del país en el caso Gramont Berres, el Paraguay se ahorra cerca de 95 millones, según el procurador general de la República, Roberto Moreno. “Es un fallo histórico que hace que dejemos de ser vistos como un país bananero”, afirmó.