Empeñado en llevar adelante el promocionado “canje” de Chino Cue, Cárdenas dijo a la 650 AM que para el Indert esta operación “ya es un caso cerrado”.
En rigor, la operación implicará el pago de US$ 24 millones a la empresa Tierra de Negocios, sin que haya plena certeza de que esta firma sea la dueña legítima de las tierras.
Cuando se le habló del riesgo de caer preso por lesión de confianza, respondió: “Prefiero la cárcel a no hacer lo que tengo que hacer como presidente de esta institución”. Pero cuando empezaron las preguntas comprometedoras y cuestionamientos sobre el caso, que desde el inicio de la operación no respondió, el titular del Indert cayó en una serie de contradicciones.
A la emisora de referencia aseguró que, en todo este proceso, la institución se ocupó de “certificar la legitimidad de cada uno de los documentos” a través de las instituciones como “Registros Públicos, Catastro, etc., dictamen de por medio para cada cosa, obviamente”.
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Pero en otra entrevista que le hizo la 1080 AM corrigió su versión al sostener que él jamás habló de dictámenes favorables: “Nunca dije que tenía la aprobación de Registros Públicos. No necesito su aprobación. Registros Públicos ha emitido recientemente certificados de dominio sobre esa finca, y esos certificados dicen que el dueño registral de esas tierras es esta empresa con la que estamos realizando esta solución”, señaló con referencia a Tierra de Negocios, de los hermanos Sarabia, que también es representada legalmente por el abogado del Grupo Cartes, Carlos Palacios.
Asimismo, Cárdenas se contradijo al realizar tal afirmación, porque en varios comunicados y en cartas al director sostuvo que él cuenta con dictámenes de Registros Públicos y de Catastro sobre la supuesta legalidad de la operación (ver facsímil). No obstante, si obviamos su doble discurso y consideramos su respuesta acerca de los certificados de propiedad de Tierra de Negocios, no estaría de más recordar el artículo 293 del Código de Organización Judicial: “La inscripción no revalida los actos o contratos inscriptos que sean nulos”.
Más confusión
En otro orden, el titular del Indert fue preguntado acerca de las firmas diferentes que aparecen en los poderes otorgados en Tokio por uno de los propietarios originales de Chino Cue (el ciudadano japonés llamado Zuisho Hayashi), sobre los que se basó la supuesta compraventa de Tierra de Negocios. La respuesta no aclaró las sospechas de falsificación, pues hizo referencia al otro propietario de las tierras (el chino Lai Ching Tuenn).
“No hace falta un peritaje para saber si las firmas son falsificadas o no, a partir de que el firmante se presenta y dice ‘sí, ambas firmas son las mías’”, indicó. Empero, al que hicieron aparecer recientemente a “ratificar” la compraventa es a Ching Tuenn y no al japonés Hayashi, cuya firma aparece con trazos completamente distintos en dos poderes.
Cuando se le preguntó sobre la falta de registros del ingreso de Ching Tuenn al Paraguay, que supuestamente vino hasta el país a vender las tierras de Chino Cue, Cárdenas evitó la respuesta “pasando la pelota” a otras instituciones. “Eso no es competencia del Indert; es absolutamente exclusiva de Migraciones”, agregó.
Precisamente, la Dirección General de Migraciones informó a nuestro diario que desde 1977 no figura el ingreso del citado ciudadano chino al Paraguay.
ABC donará importe
En la edición de hoy se publica un espacio reservado con el logotipo del Indert para defender el “canje” de Chino Cue y ensalzar al presidente del ente, que firma el texto. Dado que sospechamos que la solicitada fue pagada con fondos públicos, nuestro diario donará a una entidad de beneficencia el importe de la publicación, que asciende a G. 15.644.000.
No hay dictamen de Registros ni Catastro
Contrariamente a lo sostenido por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Indert), Registros Públicos ni el Servicio de Catastro emitieron dictamen alguno acerca de la legalidad de los documentos de Tierra de Negocios SA, empresa que supuestamente es dueña de 10.300 Ha. de Chino Cue.
De hecho, ninguna de estas instituciones puede validar este tipo de operaciones, ya que ambas tienen funciones y roles específicos. Al respecto, consultamos a las titulares de estos entes.
La directora del Servicio Nacional de Catastro, Lic. Anatalia Aranda de López, explicó ayer que lo que esta institución valida es únicamente la superficie del inmueble, según cómo fue inscripto originalmente.
Asimismo, preguntamos a la directora de la Dirección General de Registros Públicos, Lourdes González, si la inscripción de un inmueble significa que toda su documentación está en regla y sea legal. La respuesta fue clara: La registración no valida los actos que pudieran ser nulos.