Fue al buscar desmentir la contratación y posterior despido masivo de funcionarios “jornaleros” o temporales durante las elecciones generales del 22 abril pasado, cupo destinado a mantener miles de operadores y planilleros en los comicios.
Según la lista de agosto, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) tiene 6.336 funcionarios de los cuales 1.954 son “contratados” y 4.382 son “permanentes”. En dicha nómina aparecen decenas de funcionarios que ingresaron al ente o pasaron a ser permanentes este año.
Según los sueldos más altos, la lista de ingresantes y recategorizados es encabezada por Adriana Raquel Quevedo Veía, una bachiller con un salario de unos G. 17 millones; le siguen Francisca Elizabeth Rojas Martínez con G. 14 millones y Elba Rosa Bogado de Torales.
Continúa con Angelo Jesús Calderini Méndez; Blas Darío Rodríguez; la promotora artística Ana María Scappini Ricciardi y Luis Alberto Meza Vallejo, exfuncionario de Itaipú y extitular de Repatriados.
La nómina sigue con Diego Fernando León López; Laura Odalis Barboza Giménez y Martín Arnaldo Cáceres Mongelós.
El TSJE incumplió la ley de Transparencia Gubernamental N° 5189/14 durante nueve meses y dejó de publicar su lista mensual de funcionarios desde enero. Se desconoce cuántas personas pasaron a aparecer en las planillas de asalariados durante las elecciones.
La Secretaría de la Función Pública (SFP), entidad que tiene a su cargo regular y vigilar el cumplimiento de la ley, multó con G. 84 millones al ente, pero el TSJE no pagó la multa y el SFP tampoco tomó acciones legales contra el ente electoral.