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Los casos fueron investigados por la Secretaría de la Función Pública, que dispuso la expulsión de solo cuatro personas.
La Secretaría, con todas las pruebas que le arrimó el Registro Civil para que esas personas sean expulsadas, inició los sumarios con jueces instructores, quienes aplicaron sanciones de 5, 10, 30 días de suspensión, sin goce de sueldo, pero que posteriormente deben ser reincorporados.
“A mí me parece una vergüenza, una falta de respeto y también una pérdida muy importante para el Estado”, expresó Cogliolo.
De todos los denunciados ante la Secretaría de la Función Pública, por lo menos unos 50 están solicitando su reincorporación a la institución, agregó.
“Son personas que cometieron irregularidades, entonces, cómo vamos a sanear nuestra institución. Yo me quejé de esta situación a la ministra de Justicia, Sheila Abed. Estas personas si son reincorporadas al registro, van a seguir cometiendo los mismos delitos”, se quejó Cogliolo.