Según las denuncias , la parlamentaria y su esposo, el exdiputado Juan José Vázquez, se encargaban de “conseguir” nombramientos en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Esto ocurrió entre el 2010 y 2012 durante la presidencia de Juan Manuel Morales. Los que aceptaban el trato, debían obtener montos que rondaban los G. 40 millones asegurándose así cualquier cargo en la entidad con salarios permanentes de entre G. 3.500.000 a G. 4.000.000 del dinero de los contribuyentes.
Otras fuentes incluso señalan que los Vázquez convirtieron el TSJE en una verdadera “agencia de empleos”. Para el operativo, los políticos habrían contado con el apoyo de una cuestionada exdirectora de Recursos Humanos de dicha institución.
Según planillas oficiales del TSJE, los Vázquez mantenían alrededor de 50 “recomendados” en diferentes cargos de la Justicia Electoral.