Tres sugestivos millonarios pagos de indemnización, por supuesta pérdida de actividad económica, realizó la binacional Yacyretá entre los meses de octubre del 2012 y abril de este año, poco antes de las elecciones generales. La dirección general de la entidad estaba a cargo en ese entonces de Enrique Cáceres; y la dirección financiera ocupaba Fernando Aldama.
Fueron apenas tres los beneficiarios, y el monto total ascendió a G. 9.800 millones.
El primer caso es el de la empresa OK SRL, cuyos representantes son Gerónimo Ortiz, Ricardo Fleitas y María Eugenia de Fleitas. El monto cobrado asciende a G. 3.600.000.000. En otro caso, se indemnizó a Ana María Cherañuk de Bottger por un monto de G. 2.660.000.000; y en tercer término a Carmen de la Cruz Benítez, en G. 3.600.000.000.
Los procesos fueron llevados adelante por el entonces asesor jurídico de la entidad Agustín Saguier (PLRA), quien en sus dictámenes justificó los reclamos y puso a consideración de Cáceres, autorizar los pagos.
Según un reporte de la entidad, en los documentos se puede visualizar que en todos los casos actuaron los mismos funcionarios y los mismos abogados.
Las notas de pedido de pago de Asesoría Jurídica son prácticamente idénticas y todos los desembolsos se realizaron entre octubre de 2012 y abril del 2013, antes de las elecciones generales en que el PLRA perdió el poder y Horacio Cartes fue elegido presidente.
Uno de los casos, que sería el de Cherañuk de Bottger data de muchos años y existen antecedentes de que fueron rechazados por otras administraciones. Se indemnizó por un supuesto daño que no existe aun hasta hoy, según las actuales autoridades.
En el caso de OK SRL que recibió G. 3.600 millones, se formalizó el acuerdo y se realizó el pago, estando el caso prescripto.
Mientras a De la Cruz Benítez se la indemnizó en G. 3.600 millones, habiendo de por medio una escritura pública de transferencia de propiedad a favor de la EBY y habiendo renunciado a cualquier tipo de acción. El documento fue firmado hace seis años.
En la evaluación realizada por la EBY se hace hincapié en que hubo negligencia por parte del asesor jurídico, al emitir sus dictámenes habilitantes para la elaboración de las resoluciones para el desembolso de las millonarias sumas.
De hecho, en su dictamen, Saguier señala que si bien en la EBY es normal actuar conforme a las reglas de la legalidad, de formalidad y especialización, en algunos casos es preferible “la equidad” antes que el rigor, “más tratándose de cuestiones que involucran aspectos de índole social dentro del marco de la probidad y la igualdad”.