De este modo, los usurpadores cuentan con la debida licencia para cometer cualquier atrocidad. Sus miembros son delincuentes y criminales a quienes se les ha venido otorgando aquella licencia en complicidad con un Estado cuyos gobiernos a la fecha no han hecho más que mirar como si nada estuviera pasando en la zona.
De esto hace un poco más de ocho años y las pérdidas se han venido acumulando. De la estancia prácticamente no queda nada, apenas el recuerdo de sus propietarios y trabajadores que con sus inversiones y faenas ofrecían inmensas oportunidades de mejores condiciones de vida para sus familias. Tampoco van quedando en pie árboles de especies en categoría de reservas forestales pues las prácticamente 3.000 hectáreas fueron arrasadas al punto que las pérdidas representan alrededor de 30 millones de dólares.
De lo que fue una empresa agroganadera dedicada al rubro de la cría, venta de ganado y soja, en este momento campea el matorral en la que conviven la impunidad, la extorsión y la criminalidad, características muy propias de los que dicen luchar por la tierra apropiándose del esfuerzo de los demás.
Todavía más detestable de este hecho criminal constituido en flagrancia absoluta, ante los ojos y oídos de las autoridades, mediante la invasión así como la violación de la propiedad privada o lo que es lo mismo de la misma Constitución Nacional, es la conexión con miembros del mismo Congreso como lo hicieron en su momento senadores del Frente Guasu y del Partido Democrático Progresista, que fueron hace meses atrás a prestar su beneplácito con los detestables hechos allí ocasionados.
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La punta del ovillo
Los políticos de esta facción así como de otros sectores a los que también les encanta observar el deterioro de todo aquello que significa mejores condiciones de vida, representa apenas la punta del ovillo de toda una línea de pensamiento que no solo aborrece lo que significa agricultura empresarial, sino sobre todo detesta que una persona y su familia se vuelva independiente del asedio que el asistencialismo populista les promete para así mantenerlos en el círculo vicioso de la miseria y el desempleo.
Sin embargo, si lo que ocurre en la estancia Pindó resulta a todas luces una muestra del submundo tercermundista que espanta inversiones y puestos de trabajo, lo sucedido apenas días atrás se constituye en la guinda sobre la torta. Luego de una “meteórica” sesión del Senado, se aprobó un proyecto de ley para que las tierras de Marina Cue (también ubicado en Canindeyú) considerada como reserva forestal, pase a ser parte de un asentamiento para los actuales ocupantes precarios. Casi 2.000 hectáreas de reserva forestal y que debían ser protegidas para la preservación del medio ambiente en categoría de reserva natural y área silvestre protegida, ahora se utilizará como loteamiento.
Apenas una reciente anécdota pinta de cuerpo entero lo que ahí ocurre. No hace mucho, funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente (SEAM) ingresaron a la zona y los ocupantes –armados por cierto– le salieron al paso diciéndoles que nada tenían que hacer pues dicha zona ya no era una reserva forestal. ¡Y no es más una reserva porque los árboles nativos fueron derribados!
Reserva forestal
El propio Presidente de la República estuvo de acuerdo con destruir una reserva forestal. No entiende o mejor no lo quiere comprender pues también se prestó a esta violación de la ley y de la preservación de la naturaleza, es que la zona que corresponde a Marina Cue está siendo deforestada por sus ocupantes.
Las áreas silvestres protegidas, además, no pueden ser objeto de parcelamiento tal como lo establece el Estatuto Agrario; sin embargo, el Senado y el propio Ejecutivo, que deberían oponerse a la destrucción de la naturaleza, terminaron celebrando. “Se trata de una reivindicación histórica; ello no cerraron rutas ni quemaron tractores”, afirmó el presidente Mario Abdo.
Estos dos casos, el de la estancia Pindó y de Marina Cue, se encuentran relacionados entre sí debido a que están siendo violentados preceptos de institucionalidad con los que no se puede transigir. El problema de fondo está en el arrebatamiento, el robo, la usurpación de la propiedad, ya sea privada o pública, pues ambas deben ser protegidas.
Privado y público
En la estancia Pindó, como propiedad privada y en Marina Cue como reserva forestal como propiedad pública, se está ante un alto grado de descomposición institucional. Los gobernantes ya no protegen la propiedad, ni privada ni pública. Entonces el mensaje que se está dando es que en Paraguay todavía se atemoriza a los inversionistas y que las calamidades por las que tienen que pasar los propietarios pasan a segundo plano como si fuera una cuestión circunstancial.
El Estado paraguayo por medio del gobierno no ofrece garantía alguna a los capitales en el campo así como tampoco protege los recursos forestales. Todo lo que significa bosques y reservas ecológicas que deberían ser parte de un legado para las siguientes generaciones se hallan supeditadas al interés de los grupos de presión ligados a los políticos con ideas erróneas y violentas, así como también están relacionados a privilegiar a sectores que tienen ciertamente el derecho a peticionar a las autoridades pero que no tienen derecho a modificar el orden legal y constitucional.
De igual importancia, lo que ocurre en la estancia Pindó y en Marina Cue no solo es un problema de falta de tierras, como dicen los propiciadores de la delincuencia para alzarse con lo ajeno, sino el tema de fondo y del cual de una vez por todas es preciso tomarlo en cuenta, está en que el drama más grave y lacerante es la desinversión, la baja productividad y la escasez de empleos en el país y sobre todo en el sector rural. Y ninguna de estas falencias se corrigen convirtiendo a la estancia Pindó y a Marina Cue en antecedentes para atraer e instalar lo peor para el Paraguay.
(*) Decano de Currículum UniNorte. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”; “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes”, entre varios otros.