Abominable expropiación de una reserva natural para repartir tierras

La reciente expropiación de la reserva natural Campos Morombí promulgada por el Ejecutivo nacional para repartir tierras a un grupo de personas que ingresaron a la mencionada área protegida es un hecho abominable, repudiable, que no puede ni debe pasar desapercibido.

Vista aérea de la deforestación de Campos Morombí.
Vista aérea de la deforestación de Campos Morombí.Archivo, ABC Color

Se trata de un premio otorgado por medio de la ley a ciertos grupos de personas que habiendo cometido un delito se les atribuye un derecho de asentamiento y posesión de un lugar para seguir cometiendo otros delitos. Pronto, la zona antes protegida como área silvestre, sufrirá el deterioro irreversible del hábitat natural. Se continuará ahora “legalmente” con las masivas y consentidas deforestaciones.

El bosque nativo y con especies de gran valor irán desapareciendo. El suelo sufrirá un deterioro tan grande que sus ocupantes luego buscarán otros lugares para así seguir con la misma práctica de hace décadas. Todavía más, el mantenimiento de esta perversa práctica de repartir tierras en épocas electorales como lo es este caso, demuestra que a las autoridades en nada les interesa no solo la protección del ecosistema sino también prueba que las instituciones llevadas a cabo para establecer un marco jurídico predecible están en permanente acecho. Y si están al acecho pues quiere decir que estamos girando en un círculo vicioso de deterioro ambiental e institucional. Como las cuatro mil hectáreas de reserva natural no podían ser parceladas para su redistribución en lotes, porque así lo establece el Estatuto Agrario, primero al Congreso y luego al Ejecutivo se les ocurrió derribar la protección legal que tenía la reserva boscosa declarando a dicha zona como una “reivindicación histórica” de los ocupantes.

“Reivindicación histórica”

El entrecomillado antes citado lo dijo el mismo presidente de la República, Mario Abdo Benítez, lo que fue convalidado porque así también se expresaron tanto el vicepresidente, Hugo Velázquez y varios senadores. Es de mencionarse, que tanto Abdo como Velázquez en el año 2015 en ocasión de fungir como titulares de las Cámaras de Senadores y Diputados, respectivamente, habían firmado mediante ley que la zona hoy expropiada fue considerada área silvestre protegida con categoría de reserva forestal bajo dominio público a “perpetuidad”. La palabra entrecomillada establecida en la ley en realidad no tiene significado ni interés alguno para la politiquería cuya pretensión es dar cuenta que la ley es una circunstancia a cambiar cuando así se considera necesario en aras del oportunismo.

Dicho esto, el problema de fondo al que nos estamos enfrentando en nuestro país no es un tema a desconsiderar como si fuera uno más de los muchos. Los problemas están para ser enfrentados y solucionados.

Y la solución no está en la debilidad de los gobernantes, sino en la fortaleza moral de los mismos y de apego a las instituciones que permiten la certidumbre y seguridad en la sociedad.

El hecho concreto de modificar una situación normativa por otra, como la del Estatuto Agrario que no permite lotear un área silvestre modificando este status normativo por una ley de expropiación que permite redistribuir esas tierras preciosas de la naturaleza para algunos paniaguados del poder de turno y delincuentes, refleja un gran deterioro no solo institucional, porque sin dudas que la modificación de las reglas establecidas por otras por la mera conveniencia de tipo electoral de hecho es grave.

Político y económico

Estamos por ende ante un problema político y económico. Es un problema político porque la redistribución de tierras para los adeptos de los partidos políticos y organizaciones que se dicen llamar sociales se hace para mantener el lazo de poder que une a los dirigentes con gente que les lleva el voto y no solo eso, también les lleva beneficios espurios como lo obtenido por la destrucción del bosque nativo en la venta de rollos de madera por montos multimillonarios.

Este perverso sistema convierte a las familias paraguayas del campo en dependientes del poder político, ligados por generaciones al electoralismo más rastrero e infame. El futuro está en manos de dirigentes que esgrimen la “lucha campesina” aunque eso implique convertir en delincuentes dándoles el mal ejemplo a los niños y jóvenes que así no tienen un horizonte de mejor bienestar que el de imitar lo que hacen sus mayores, y todo esto a su vez consentido y aceptado en lujosas oficinas del Congreso y de ONGs que satisfacen así sus propios intereses.

La colectivización

Es igualmente un problema económico que no solo afecta a la zona en cuestión, hoy expropiada. Afecta al país en su conjunto o lo que es lo mismo para cada uno de los habitantes de nuestro país, puesto que la redistribución de lotes termina por convertirse en una serie de acontecimientos que colectivizan la propiedad privada implementándose el socialismo agrario donde prevalece la utilidad pública sobre el genuino interés de la propiedad privada y en este caso de la preservación del medio ambiente.

La colectivización de las zonas expropiadas da lugar a la creación de áreas liberadas donde prevalecen las reglas de los mandamases de turno. Ahí no rigen la Constitución y la ley. Y esto además de emitir una señal negativa para la radicación de inversiones a largo plazo es asimismo uno de los motivos por el cual los bosques van desapareciendo al compás de las expropiaciones y de las “reivindicaciones históricas” de los ocupantes, como en efecto lo sostienen algunas organizaciones sociales y lo repitió el mismo Primer Mandatario para justificar su expropiación.

De lo que también se trata en el tema aquí abordado no es la falta de tierras a redistribuir ¡Ya se redistribuyeron más de tres millones de hectáreas! ¡Y mucho menos la solución es la expropiación de reservas naturales!

Votos cautivos

Mientras el propio Estado paraguayo por medio del respectivo gobierno no ofrezca garantía a la inversión de capitales en el campo así como tampoco proteja las reservas naturales boscosas para seguir con la práctica de la redistribución de tierras, las oportunidades de las familias en el campo se denigrarán al punto que se las seguirá expulsando hacia los centros urbanos para convertirlos en habitantes de asentamientos en las ciudades, ahí donde campea la informalidad, la delincuencia y la dependencia del poder político a efectos del voto cautivo.

Premio

Se trata de un premio otorgado por medio de la ley a ciertos grupos de personas que habiendo cometido un delito se les atribuye un derecho de posesión.

Infame

Este perverso sistema convierte a las familias del campo dependientes del poder político y ligados al infame electoralismo.

Garantía

El propio Estado paraguayo no ofrece garantía a la inversión de capitales en el campo y tampoco protege las reservas naturales boscosas.

(*) Catedrático de materias jurídicas y económicas en UniNorte. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”; “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.