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La Cámara de Senadores postergó el tratamiento del proyecto de ley que busca exceptuar a las proveedoras extranjeras de la estatal Petropar a que tengan que presentar declaraciones juradas, de manera a eliminar intermediarios en las compras de combustibles de la petrolera pública.

Esta es la dudosa exigencia que solicitan los camioneros que se encuentran en vigilia en su medida de protesta, junto a los cuestionados sindicalistas de Petropar, lo que generan altas sospechas de corrupción, a la ya violenta manifestación que vienen encarando los trabajadores del volante. Es sabido que Petropar es una fuente inagotable de corrupción, lo que desata mayor duda sobre estos reclamos. Los camioneros amenazan con recrudecer su protesta en las rutas, lo que ya generó un infundado brote de violencia que afectó a terceros que intentaron transitar por diferentes rutas del país.

La Cámara Alta postergó por ocho días el referido proyecto y el viernes último, en una reunión realizada por los camioneros, habían informado que insistirán con la aprobación del proyecto de ley que busca suprimir las declaraciones juradas a las proveedoras extranjeras de Petropar, de manera de eliminar intermediarios en las compras de combustibles. Llamativamente, insisten con este plan normativo, pese a que con esto solo podría bajar G. 300 por litro el precio de los carburantes de la estatal. Según los trabajadores del volante, con esta normativa se disminuirá el precio de los carburantes en la estatal, pero según había informado el titular de Petropar, Denis Lichi, con la eliminación de la intermediación en las compras de la estatal, solo se podría reducir G. 300 los precios de todos los carburantes. ¿Por este monto ínfimo los camioneros están dispuestos a llegar incluso hasta la capital del país? ¿Qué más hay detrás de los cierres de rutas? Es la pregunta que nos hacemos ante esta situación, que se desató tras la derogación del subsidio a favor de la estatal Petropar.