Antes de la exposición mencionada, se destacaba un trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el cual se desglosaron los cuatros desafíos del sistema de pensiones en Paraguay que, de cumplirse, de acuerdo con el mismo organismo, permitirían el crecimiento económico del país con mayor inclusión social.
Entre los retos para el país en materia previsional se señalaban:
1. El problema de la baja cobertura, que se caracteriza por un sistema previsional con bajo nivel de cobertura. La cantidad de trabajadores que cotizan al sistema de pensiones es sustancialmente menor a la del promedio latinoamericano.
2. Un sistema peligrosamente generoso debido a que sus tasas de reemplazo promedio exceden el 100%, una cifra superior al que muestran los países de la región, que en promedio alcanzan el 62%. Esta situación compromete la sustentabilidad financiera del sistema y, en el caso de Paraguay, puede comprometer la gestión de las finanzas públicas, pues afecta negativamente la situación fiscal del país (Estudio del Banco Mundial, el BID y la OCDE).
3. La inexistencia de una superintendencia de pensiones que, a diferencia de otros países de la región, Paraguay permanece aún sin una entidad gubernamental que centralice las labores de supervisión y regulación del sistema de pensiones.
De la misma forma, no existe un marco regulatorio uniforme del sistema, no se consolidan las estadísticas de cotizantes y beneficiarios ni se cuenta con normativas uniformes para la inversión de las reservas.
En el pasado, estas situaciones se han traducido en decisiones inadecuadas, que han generado pérdidas patrimoniales afectando la sostenibilidad financiera del sistema y eventualmente pueden constituirse en un pasivo para el Estado.
4. La alta fragmentación normativa, producto de la ausencia de una entidad de supervisión y una norma única para todo el sistema. Las regulaciones de las cajas previsionales muestran una gran heterogeneidad en cuanto a sus disposiciones normativas. Esta situación queda reflejada en los diferentes parámetros existentes, incluyendo la tasa de contribución y las condiciones de otorgamiento de los beneficios, así como también en el tratamiento de los diversos grupos de trabajadores.
Es de recordar, igualmente, que en varios países de América Latina, los ahorros de los trabajadores están concentrados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), instituciones financieras privadas que tienen por objetivo la administración de los fondos de pensiones bajo la modalidad de cuentas personales. Se encargan de otorgar pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y proporcionan gastos de sepelio.
Por mencionar, el portafolio de inversiones va desde Instrumentos de Regulación Monetaria (IRM), depósitos a plazo, acciones, fondos de inversiones hasta bonos soberanos.
En Paraguay, el sistema previsional y los fondos jubilatorios funcionan bajo reducidos esquemas y sin supervisión especializada. De hecho, en el país los recursos previsionales son manejados por diferentes cajas.
Los programas de pensiones están conformados por cajas públicas como la fiscal (empleados del sector público), la municipal, la bancaria, de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la de Itaipú Binacional, la Parlamentaria, y la Ferroviaria. Además, forma parte de este sistema el Instituto de Previsión Social (IPS), creado por ley de Congreso y administrado por el Gobierno, pero de funcionamiento autónomo. Asimismo, funcionan programas de pensiones privados integrados por la Caja Mutual de Cooperativistas, Médica y la Caja de Profesores de la Universidad Católica.
¿Cuáles son los principales alcances de la propuesta normativa? ¿Qué representará para el país? ¿Principales desafíos? Estos y otros puntos son analizados en la presente entrega.