Un escrito fue presentado ante la Fiscalía General del Estado por Alberto Lezcano, director general de Asesoría Jurídica del Ministerio de Desarrollo Social, donde denuncia el supuesto hecho punible denominado adquisición fraudulenta de subvenciones, que se refiere a que personas desconocidas estaban cobrando la pensión destinada a los adultos mayores, pero a nombre de personas que ya habían fallecido.

Funcionarios públicos al momento de cobrar sus salarios en cajeros automáticos del Banco Nacional de Fomento.

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Con los beneficios otorgados al sector docente y de Fuerzas Públicas, el déficit en la Caja Fiscal crece cada año.

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