Además, una serie de análisis acerca de los impactos a corto, mediano y largo plazo, así como las implicancias socioeconómicas de haber ingresado entre los selectos países con grado de inversión.
Como se mencionaba, alcanzar el grado de inversión supone un escenario con variadas implicancias, consecuencias diversas y múltiples desafíos. Comprendidos en ellos no faltan los de contenido jurídico.
En tal sentido, el especialista en derecho administrativo Javier Parquet sostuvo que es justo reconocer que el gobierno de la República en general, y las autoridades encargadas de conducir su gestión financiera en particular, han trabajado por más de 20 años en ir atendiendo una serie de exigencias y criterios que han sido considerados claves para concedernos esta calificación, como ser una adecuada capacidad de pago, un crecimiento económico sostenido, la diversificación de la economía, la resiliencia a los embates externos, el compromiso con la estabilidad fiscal, la estabilidad política, el fomento de la actividad empresarial, en el perfil de su deuda, el flujo de sus recursos, la previsibilidad cambiaria, las reformas administrativas, la flexibilidad y supervisión financiera eficiente, y en el fortalecimiento institucional de la gestión pública. Tal como fundamentó Moody’s la mejora en la calificación crediticia del país.
Para Parquet, la mayoría de los hitos referidos se han logrado mediante gestión expresada en medidas de diversa naturaleza, instrumentadas jurídicamente a través de normas legales y administrativas que le han dado sustento conforme a derecho. A cada suceso le han precedido numerosas disposiciones legales y actos administrativos en los que se expresa la voluntad del legislador y la autoridad administrativa. “A ello debemos agregar los mecanismos de decisión empresarial, dispuestos por las accionistas, directores y gerencias operativas de las entidades privadas, quienes sin lugar a dudas han contribuido extraordinariamente a tales resultados. Todas propias al gobierno corporativo de las empresas privadas del Paraguay”, enfatizó el especialista.
En la presente entrega se exponen las variables jurídicas consideradas en la decisión de Moody’s, punto clave para ajustar o diseñar acciones legales que fortalezcan el importante paso dado por Paraguay a escala global.