El actual proyecto de reforma de la Caja Fiscal fue presentado un día antes de culminar el 2025, el 30 de diciembre. Es decir, 22 años después de la anterior ley.
Se trata del proyecto de ley “Que establece medidas para la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público”. A continuación, se plantean 7 puntos que para ABC Color son clave para entender en qué consiste el plan.
1. Edad mínima para docentes, fuerzas públicas y magistrados
El documento equipara la edad mínima para la jubilación a 57 años para docentes, magistrados judiciales y fuerzas públicas.
Entre las justificaciones de dicha reforma, el ministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández ha argumentado en declaraciones a la prensa que actualmente el “agujero” es de más de 350 millones de dólares anuales y que el objetivo, con esos cambios planteados, es reducir por lo menos “a la mitad” ese déficit de manera paulatina.
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2. Cambios parciales
El documento plantea cambios parciales, ya que no todos los sectores son alcanzados.
Esta reforma afecta solamente a los trabajadores de las fuerzas públicas (policías y militares), docentes (magisterio y de universidades) y a los magistrados judiciales, que son los sectores que hoy no tienen la exigencia de edad mínima para jubilarse. En tanto que excluye a personal de salud.
3. Sin reforma, en 10 años déficit sería de US$ 10.000 millones
Solo en 2025, el “agujero” que dejó la Caja Fiscal fue de US$ 380 millones, acumulando entre 2016 y 2025 un saldo rojo US$ 1.683 millones, de acuerdo con los registros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Pero el déficit de la Caja de Jubilaciones del sector público se incrementa con cada año y sin reformas en el esquema, nos costaría casi US$ 10.000 millones para la siguiente década, de acuerdo con el MEF.
4. Trabajador aportará más y el Estado también va a contribuir
El proyecto plantea en el artículo 4º una modificación en la tasa de aporte para los afiliados, desde 16% que pagan actualmente a un 19%.
También se agrega un cargo de 3% al Estado en carácter de contribución patronal.
En tal sentido, cabe mencionar que en la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS) también se dispone un aporte estatal del 1,5%, pero que el Estado hasta ahora nunca lo ha honrado. La deuda histórica estatal con la previsional a la fecha ya ronda los US$ 650 millones.
5. La importancia de equiparar edad mínima para jubilación
Como ya se explicó, de aprobarse este plan se equipara la edad mínima para la jubilación extraordinaria para todos los sectores afectados: se establece en 57 años.
¿Por qué es un cambio relevante? Porque implica mayor contribución de sectores deficitarios: los docentes de magisterio y de universidades, como también para policías y militares.
Todos ellos, bajo el régimen vigente, no requerían de una edad mínima para la jubilación, solo bastaba alcanzar el mínimo de aportes que variaba entre 10 y 25 años. De ahí que algunos docentes y policías ya se jubilaban con solo 40 y 45 años de edad.
En el caso de los magistrados judiciales que requieren de 50 años como edad mínima se les aumentaría 7 años más.
6. Cómo se hará el cálculo del haber jubilatorio
El haber sería calculado con base en el promedio de los últimos 5 años.
El cambio propuesto en el cálculo del haber jubilatorio, de ser aprobado, también afectará al régimen de las fuerzas publicas, tanto a policías y militares, cuyo haber se equipara con el salario de los activos.
El proyecto contempla para todos los casos que la actualización de los haberes jubilatorios se hará de conformidad al aumento del salario mínimo.
7. Sectores que no prevén cambios en el sistema actual
De acuerdo con el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal, el sector de empleados públicos de la Administración Central no está incluido en los cambios propuestos. Se trata del único sector con superávit hasta el momento y al cual se busca equiparar las exigencias para la jubilación de los demás sectores.
En este grupo, se mantiene la exigencia de la edad mínima para la jubilación en 62 años con aportes de 20 años.
Este rubro incluye también al personal de salud: doctores, odontólogos, bioquímicos, sicólogos que tienen un régimen un tanto distinto: edad mínima de 55 años para la jubilación extraordinaria y 60 años para la ordinaria, con 25 años de aportes.
También se mantiene sin variación el régimen para los funcionarios con discapacidad.
Déficit
En 2025, el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones alcanzó los US$ 380 millones. De no corregirse las asimetrías, en una década trepará a US$ 10.000 millones.
Apoyo
El proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal tiene el apoyo unánime de gremios empresa- riales, así como de analistas económicos y exministros de Hacienda.
Investor: Cubrir con impuesto sería parche
Para Emilio Rojas, presidente de Investor Fiduciaria, romper el esquema histórico del “triple 10” (IVA, renta personal y renta empresarial) implicaría mucho más que un simple ajuste tributario.
“Paraguay construyó durante años una ventaja reputacional basada en reglas simples, previsibles y tasas competitivas. Elevar el IVA rompe esa señal y puede introducir incertidumbre en el análisis país, especialmente en proyectos con márgenes ajustados y alta exposición al consumo interno”, señaló.
Incluso, el analista sostuvo que elevar los impuestos no sustituye la necesidad de reformas estructurales en el sistema jubilatorio.
En esa línea, afirmó que “financiar un déficit previsional estructural con IVA se parece más a un parche que a una solución de fondo”.
Al respecto, el sector de las fuerzas públicas planteó recientemente que el déficit sea financiado con una tasa al agro.
Ataque de origen
Pero Rojas apuntó a que la verdadera fortaleza económica surge de una reforma que ataque el origen del déficit, como el gasto ineficiente y los privilegios sectoriales, en lugar de erosionar la ventaja competitiva que representa tener tasas bajas y previsibles que tiene Paraguay frente a otros países de la región.
Rojas concluyó considerando que lo responsable por parte del Estado sería “encarar una reforma integral: alinear aportes y beneficios, corregir inequidades, mejorar eficiencia del gasto y fortalecer la formalización tributaria, antes que ‘buscar más impuestos’ que terminan afectando proporcionalmente más a la mayoría”.
Borda: plan resuelve el 60% de la crisis
El economista y exministro de Hacienda, Dionisio Borda, considera que la reforma de la Caja Fiscal es impostergable, para evitar mayores pérdidas y que se incremente el uso de recursos que el país debería destinar al desarrollo social.
El llamado “padre de las reformas”, por los planes que se implementó durante su gestión, señaló que en 2003 la aplicación de la ley de la anterior reforma fue rápida y permitió frenar el costo financiero de la crisis de la Caja Fiscal. Ahora, sin embargo, el gobierno de Santiago Peña envió tardíamente el proyecto al Congreso, lo que para Borda constituye un “error inexplicable”.
El especialista también identificó los cambios fundamentales que ahora se plantean para contener la crisis: edad mínima de jubilación, años de aportes y tasa de sustitución. “El perfil de la reforma no constituye un cambio estructural profundo; es más bien un paso intermedio que permitiría reducir el déficit en torno al 60%”, analizó.
Aún así, observó que la reforma cuenta con amplio respaldo porque, de no resolverse, se convertirá en una pesada carga para el Estado. “Urge, por tanto, alcanzar un consenso, considerando el daño que esta situación puede causar a la economía”, dijo.
Según destacó, de no implementarse la urgente reforma, el déficit del sistema seguirá aumentando y esa pérdida será cubierta por recursos del Tesoro, “en un país que necesita imperiosamente la inversión en capital humano —salud, educación, nutrición, vivienda– y en capital físico –transporte y logística– de un país sin litoral”, que necesita de manera imperiosa apuntalar sus motores de desarrollo, finalizó.
Cadep apunta a reducir asimetrías
Para el economista Rodrigo Ibarrola, investigador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), este déficit estructural de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público o Caja Fiscal requiere necesariamente de cambios en el esquema actual, donde las condiciones vigentes cuentan con asimetrías considerables.
A su parecer, el proyecto planteado por el Poder Ejecutivo está en líneas generales bien, aunque podría haber incluido más cambios, aprovechando el contexto.
Disminuir asimetrías
Según indicó, este plan busca en primer punto disminuir las asimetrías aumentando el cargo a sectores que hoy tienen mayores beneficios para la jubilación, como son las Fuerzas Públicas y los docentes.
Indicó que estos cambios podrían disminuir el déficit, aunque no eliminan por completo, ya que siempre habrá algo que el Estado deberá aportar.
En adelante, espera que de aprobarse estos cambios propuestos por el Ejecutivo, ya no se den esas “perforaciones” a la Ley de Pensiones, como ocurrió con la ley de reforma de Caja Fiscal en 2003, que fue justamente uno de los motivos que aceleró el déficit tras la reforma anterior.
Según detalló, ahora Paraguay cuenta con mayor exigencia internacional, debido al grado de inversión otorgado por dos calificadoras de riesgos: Moddys y S&P.
En ese sentido, el analista afirmó que será más difícil para el Congreso sancionar leyes que posteriormente vuelvan a perforar la reforma actual –en caso de que sea aprobada–, por este tipo de presiones.
Barreto: Sin reforma, pagará el ciudadano
El economista y exministro de Hacienda César Barreto opinó en una entrevista que la reforma de la Caja Fiscal ya no puede ser postergada y que la situación es insostenible.
Según los cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el año 2028, el déficit del Programa Civil se cubriría completamente con impuestos. La suma treparía a US$ 683 millones.
En ese sentido, Barreto advirtió incluso que si este déficit no se modifica, podría obligar al Gobierno a un incremento impositivo progresivo, ya que la proyección que se tiene es de un déficit creciente y nuestro presupuesto ya está al límite.
Presupuesto rebasado
El economista insistió en que el presupuesto público está “absolutamente rebasado” actualmente, ya que ni siquiera hay recursos para pagar los compromisos que ya se asumieron. Esto dijo en relación a la deuda reclamada por las constructoras, las farmacéuticas y proveedoras de Hambre Cero, que según las declaraciones de dichos sectores, superan los US$ 1.000 millones al cierre de 2025.
“No es sostenible una situación así. Si va seguir el mismo esquema, se tendrá que aumentar el IVA en 12,5% para cerrar este déficit (de US$ 380 millones en 2025) y que el presupuesto de vuelta alcance para pagar a los proveedores que están esperando hasta este momento”, aseveró el especialista.
Para el economista, la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones es un tema tan crucial que ya no puede esperar, porque finalmente el impacto recaerá en todos los ciudadanos.
Ferreira: La primera de tres discusiones
El exministro de Hacienda Manuel Ferreira analizó el proyecto de reforma de la Caja Fiscal y sostuvo que es falso que el desequilibrio pueda corregirse únicamente mediante una mayor presión tributaria.
A su criterio, insistir en esa vía terminaría afectando gravemente a la economía. “Habría que subir impuestos tantas veces y durante tanto tiempo que lo que se va a lograr es el colapso del sector privado”, advirtió.
Señaló que una mayor presión tributaria podría crecer y afectar a otros sectores. “En un país donde se paga entre 50% y 60% de impuestos totales, no se puede hacer ninguna actividad. Estamos poniendo en riesgo toda la economía paraguaya por ayudar a un grupo de 100.000 personas en contra de 6 millones de paraguayos”, afirmó.
Ferreira dijo que esta es apenas la primera de al menos tres discusiones necesarias para encarar una solución de fondo.
Está pendiente la reforma de la Caja Fiscal para proteger las cuentas públicas; pero también la necesidad de debatir y realizar un proyecto de reforma del Instituto de Previsión Social (IPS), según el especialista. Asimismo, como tercer punto señaló la urgencia de incluir en un sistema jubilatorio al 70% de los paraguayos que hoy no acceden a una jubilación.
Espera que contexto político no frene la reforma
Por otro lado, el economista lamentó que el contexto electoral pueda frenar decisiones o proyectos de fondo. “Muchas veces el sector político tiene miedo de tocar intereses de grupos que pueden ser sus votantes y en este tipo de reformas siempre se tocan intereses”, puntualizó.
López cuestiona los “derechos adquiridos”
El exministro de Hacienda Benigno López instó a dejar de ver la sostenibilidad de la Caja como una amenaza y, al mismo tiempo, cuestionó los “derechos adquiridos” argumentados por los sectores alcanzados por el plan de reforma.
En una opinión publicada en ABC, señaló que en el debate público paraguayo se ha instalado la idea de que los beneficios de la Caja Fiscal son “derechos adquiridos” intocables. Sin embargo, “la aritmética es una ciencia terca que no entiende de retórica: un derecho previsional solo existe plenamente cuando está respaldado por financiamiento”.
Cuando no hay fondo, no hay reservas y los aportes se agotan en menos de cinco años de jubilación, lo que existe no es un derecho; es una obligación fiscal que recae sobre terceros. “Un derecho sin respaldo financiero es cualquier cosa menos un derecho”, aseveró López.
En este contexto, señaló que los ajustes que impulsa el Ministerio de Economía van en la dirección correcta. Son medidas mínimas, quizás tardías, pero constituyen un paso indispensable para evitar un desenlace mucho peor, dijo.
Según su análisis, ajustar edades, tasas de sustitución y ventanas de cálculo no es un “ataque” al trabajador, es un intento de salvar al sistema de su propia implosión. Insistió en que oponerse incluso a estos cambios modestos no preserva derechos, sino que acelera el día en que la Caja simplemente no tendrá con qué pagar. “Debemos dejar de ver la sostenibilidad como una amenaza. La sostenibilidad es la única garantía de que el jubilado de hoy y el trabajador de mañana sigan cobrando”, puntualizó.