También hemos leído que nuestra moneda es una de las más estables no solo de Latinoamérica, sino a nivel global, lo cual indica gran disciplina macroeconómica que mantiene una inflación moderada y reservas internacionales sólidas. Pareciera que deberíamos estar mejor. Pero, por qué realmente no lo estamos y tampoco creemos que lo estaremos en el corto plazo.
La respuesta es sencilla y a la vez compleja. A cualquier persona consultada en Paraguay, con o sin educación formal, a su criterio, a qué cree que se debe nuestra falta de desarrollo, responde sin dudar: a la corrupción. Y yo no puedo más que refrendarlo. Es que los costos de la corrupción se traducen en altos niveles de desigualdad y bajos niveles de inversión, tanto en capital humano como en infraestructura y logística.
El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (IPC) 2024 sitúa al Paraguay en el puesto 149 de 180 países, con puntuación de 24 sobre 100 en 2024, con una variación de -4 respecto al año anterior (el mejor puntuado, Dinamarca, tiene 90/100).
Daron Acemoglu, premio Nobel de Economía en 2024 (junto con Simon Johnson y James A. Robinson) por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo estas afectan a la prosperidad de las naciones, sentenciaba en su libro Por qué fracasan los países, que ello se debe a la debilidad de sus instituciones. Esta situación, a su vez, genera incentivos para la búsqueda de enriquecimiento personal y familiar a costa del Estado, con consecuencias económicas significativas para el desarrollo del país. Primero, los altos niveles de desigualdad, que en Paraguay significa que el 20% más rico concentra más del 50% de ingresos, mientras que el 20% más pobre solo percibe el 5%. Esto implica que más del 60% de los trabajadores llevan a cabo sus actividades de manera informal: sin protección social y sin políticas de estado directas focalizadas, con incentivos reales que permitan integrar a estos trabajadores en el sistema de protección social. Pero para ello, el sistema debe generar confianza y transmitir compromiso real con la causa. Segundo, reduce los incentivos para la innovación y la inversión, pues resulta más rentable el enriquecimiento rápido por medios ilícitos que el gasto en educación, con los sacrificios que ello implica. Este punto es sumamente sensible, debido a que actualmente el desarrollo pasa a través de la economía del conocimiento, que involucra el uso intensivo de la información, la tecnología, y de disponer de capital humano calificado para generar valor, innovación, productividad y competitividad.
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Lo anterior requiere una política de Estado transversal a los diferentes gobiernos y la eliminación de la percepción de clientelismo por parte de los jóvenes. Requiere también igualdad de oportunidades y la ocupación de puestos clave por los mejor calificados. Tercero, los bajos niveles de infraestructura y logística. Esto conlleva baja inversión en transporte, energía y agua. Mucho se ha hablado sobre el grado de inversión otorgado a Paraguay por las calificadoras Moody’s y S&P. Pero si no queremos quedar en estrategia de marketing, debemos invertir seriamente en infraestructura y logística, con orientación a la mejora de la competitividad y reducción de costos, de tal forma que este logro se refleje en desarrollo real y empleos. Si queremos inversión de calidad, que genere empleos de calidad, debemos proveer recursos humanos calificados e infraestructura adecuada. El Paraguay posee una de las infraestructuras viales más precarias de América Latina.
Finalmente, el costo de la corrupción en Paraguay se puede medir por una simple relación inversa entre el costo de la corrupción y el nivel de corrupción. A menor costo por corrupción (léase, a mayor impunidad), mayor corrupción. A mayor costo por corrupción (castigo seguro), menor corrupción. No existe en el mundo un país exento de corrupción, pero si los costos son altos y conllevan el castigo social, económico y penal, está demostrado que la corrupción será mucho menor, lo que se traduce en desarrollo. De nada servirán las recetas y las recomendaciones si no existe voluntad política para aplicarlas y realizar cambios profundos. Y esta es la causa real de que el crecimiento no se traduzca en desarrollo y que los números no se traduzcan en un mejor estado de bienestar de la población.
(*) Economista; exdirectora general de política industrial del MIC; maestría en Economía, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica; maestría en Políticas Públicas, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires.