Infraestructura afectada: sistema de transmisión de 500 kV y 220 kV (Itaipú - Villa Hayes).
1. El incidente crítico
El apagón masivo que afectó al 90% del territorio nacional no fue causado por falta de generación ni por exceso de demanda. Se originó por una falla mecánica puntual en una de las dos ternas de 500 kV. A pesar de que el sistema contaba con una capacidad remanente de 3.200 MW (una línea de 500 kV y seis de 220 kV), la infraestructura restante no fue capaz de sostener la carga.
2. Hallazgos técnicos principales
Falla de selectividad (power swing): la segunda línea de 500 kV no salió de servicio por sobrecarga térmica, sino por una oscilación de potencia. Los relés de protección, ajustados bajo criterios ultraconservadores, interpretaron erróneamente esta oscilación como una falla interna, provocando su desconexión automática.
Inacción del alivio de carga (load shedding): El esquema de desconexión automática de carga en las líneas de 220 kV fue insuficiente o demasiado lento. En lugar de sacrificar quirúrgicamente sectores de la demanda para salvar la estabilidad del país, el sistema permitió un colapso de tensión que derivó en el apagón total.
Prioridad del activo sobre el servicio: La lógica operativa actual prioriza la integridad física de los equipos (transformadores y conductores) por encima de la continuidad del suministro, optando por el blackout preventivo ante escenarios de estrés.
3. Diagnóstico institucional
La raíz del problema no es solo técnica, sino regulatoria. Paraguay carece de un marco legal que separe el rol de operador del de fiscalizador.
Juez y parte: La ANDE define sus propios estándares de calidad y ajusta sus protecciones sin auditoría externa.
Ausencia de sanciones: Al no existir multas por “Energía No Suministrada” ni la obligación de indemnizar al sector productivo, no hay incentivos económicos para invertir en esquemas de protección más resilientes o en mantenimientos predictivos rigurosos.
4. Recomendaciones estratégicas
El problema de fondo es estructural, que no se resuelve con reproches ideológicos sino con acciones estratégicas:
Primero, entender bien el problema: una falla técnica es inevitable y se minimiza aislando el sector fallido. En este caso lo que llevó al colapso es la baja confiabilidad en la red de transmisión y, principalmente, la falta de redundancia de líneas de transmisión y coordinación de protecciones.
Mínima y prioritariamente, la red básica de 500 kV debe dejar de ser una “V” invertida con vértice en Asunción y pasar a ser un triángulo robusto: Itaipú-Yacyretá- Central (SE Valenzuela como nodo para el resto).
Una ley general de electricidad es imperativa
Es imperativa una ley general de electricidad que instituya un regulador independiente y aborde los pilares: que enumero a continuación:
- Tarifas económicas eficientes: sustituir las “tarifas políticas” por tarifas técnicas que permitan a la ANDE solventar genuinamente la operación, el mantenimiento preventivo y los planes de expansión sin dependencia de subsidios distorsivos.
- Modernización de la Gobernanza: reestructurar la gestión de la ANDE acorde a las exigencias tecnológicas de hoy, superando el modelo administrativo de 1964.
- Reserva de potencia y auxilio regional: Paraguay carece de un solo MW de reserva despachable para emergencias. Es vital establecer convenios firmes de auxilio energético con Argentina, Brasil y Uruguay, similares a los que ya operan entre ellos.
- Modernización de la Conversora AC/DC: gestionar con Brasil la urgente actualización de la conversora de Furnas/Yguazú a un esquema back-to-back. Esto permitiría recibir auxilio energético directo desde Brasil, eliminando la actual triangulación forzosa vía Argentina - Yacyretá.
- Ley General de Electricidad: urge la promulgación de un marco legal que instituya un regulador independiente. Este ente debe ser el encargado de sancionar las fallas sistémicas y garantizar la transparencia técnica.
- Atracción de inversiones: Un regulador creíble y autónomo es la única garantía de seguridad jurídica necesaria para atraer capital privado al sector, permitiendo que Paraguay pase de na red radial vulnerable a una red mallada y resiliente.
Sanciones en países vecinos con institución reguladora independiente
En un escenario de colapso sistémico como el ocurrido, la falta de un regulador independiente en Paraguay marca una diferencia abismal frente a los países vecinos.
Mientras en Paraguay el evento se califica como “fortuito”, sin sanciones financieras, en los sistemas regulados de la región las multas son automáticas, millonarias y orientadas a resarcir al sistema o al usuario.
Aquí la comparación de cómo actuarían los reguladores regionales ante una falla de este tipo:
1. Brasil: ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).
Determinación: la ANEEL realiza auditoría técnica tanto a la empresa de transmisión como al ONS (Operador Nacional del Sistema) para determinar si hubo negligencia en el mantenimiento o error en el ajuste de los relés de protección.
Sanción: es común que aplique multas masivas. Por ejemplo, en diciembre de 2024, la ANEEL impuso una multa de reales 26 millones) al ONS y a 23 empresas tras un apagón masivo.
Recientemente, en febrero de 2026, confirmó multas de reales 95,8 millones a distribuidores por fallas graves en el suministro.
2. Chile: SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles).
Determinación: La SEC formularía cargos por “incumplimiento normativo”, evaluando específicamente la falta de mantenimiento y la demora en la reposición.
Sanción: Chile aplica multas que pueden calificarse de “históricas”. En enero de 2025 impuso una sanción de 19 millones de pesos luego de cortes masivos. El 20 de febrero de 2026, la SEC cursó multas por más de 21.000 millones de pesos a empresas por un megaapagón, similar al analizado.
3. Argentina: ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad).
Determinación: el ENRE audita la falla de coordinación y obliga a la empresa responsable a bonificar directamente a los usuarios afectados por la “Energía No Suministrada” (ENS).
Sanción: Las multas suelen ser constantes ante fallas de la red. En 2022, aplicó sanciones por 239 millones de pesos por cortes masivos en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). Recientemente, en 2024, estableció una nueva metodología para que el dinero de las multas se acredite directamente en las facturas de los usuarios.
4. Uruguay: URSEA (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua).
Determinación: La URSEA supervisa el cumplimiento del Reglamento de Calidad del Servicio de Distribución (RCSDEE). Evalúa si la interrupción superó los umbrales de tiempo permitidos por cliente.
Sanción: Aunque es un sistema más pequeño, la URSEA aplica multas en Unidades Indexadas (UI) a la estatal UTE (Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas) por cada incumplimiento detectado en la calidad del servicio técnico.
La existencia de estos reguladores garantiza que un “error de ajuste” o un “mantenimiento deficiente” tenga un precio real para la empresa, incentivando la inversión en mejores esquemas de protección (como el power Swing blocking), que hoy Paraguay carece de presión legal para implementar.
Separar funciones
La raíz del problema no es solo técnica, sino regulatoria. Paraguay carece del marco legal que separe el rol de operador del de fiscalizador.
(*) Consultor.