La electricidad no es un pancho
Las reflexiones expresadas son de carácter personal y se basan en experiencias técnicas y de gestión acumuladas en el sector energético. No representan necesariamente la posición oficial de ninguna institución. El objetivo de este texto no es fijar posturas ni cerrar debates, sino contribuir a una conversación informada y responsable.
En la entrega anterior reflexionaba sobre el apagón del 18- 02 no como un evento aislado, sino como una señal de alerta sobre vulnerabilidades estructurales del sistema eléctrico paraguayo.
Esta semana quisiera profundizar en una pregunta que suele aparecer, explícita o implícitamente, en discusiones técnicas y de política pública: ¿cómo se vincula la situación financiera de la ANDE y el debate sobre sus tarifas con el modelo de desarrollo que aspiramos construir como país?
La experiencia comparada de países pequeños, con mercados internos limitados y fuerte dependencia de exportaciones, muestra un patrón relativamente recurrente. Mientras la energía abunda y es barata, el crecimiento suele apoyarse en ventajas naturales y costos bajos. Pero a medida que la economía se vuelve más compleja, la discusión deja de centrarse exclusivamente en el precio de la energía y pasa a enfocarse en la confiabilidad del sistema y su capacidad de inversión.
En ese punto, la energía deja de ser un supuesto tácito y se convierte en una condición habilitante del desarrollo. No como un sector más, sino como una infraestructura transversal de la cual dependen la industria, los servicios, la logística, la atracción de inversiones y la calidad de vida de la población.
Este tipo de transiciones no son excepcionales ni necesariamente traumáticas, pero sí exigen decisiones conscientes y discusiones que vayan más allá de consignas simplificadoras. Tal vez no sea posible —ni deseable— cambiar todo de una sola vez. Pero sí resulta razonable preguntarse qué reformas habilitan a otras y cómo dejar una hoja de ruta clara, aun cuando los resultados plenos excedan a un gobierno.
Tarifa como instrumento, no como consigna
Con una mirada de política pública, la tarifa eléctrica no es solo un precio, sino más bien un instrumento que envía señales y, de hecho, interactúa con la población. Qué señales priorizar —bienestar, eficiencia, competitividad, sostenibilidad financiera— es, en esencia, una decisión de modelo de desarrollo.
A la hora de pensar ajustes, conviene volver a una pregunta básica: si el producto es igual, ¿por qué una casa, una escuela, un hospital, un negocio y una industria pagan un precio distinto?
La respuesta no está en el producto, sino en el uso. La electricidad no es una hamburguesa, cuyo valor se agota en el consumo final. En la energía, el valor está en lo que permite hacer: iluminar una habitación, conservar alimentos, producir bienes, generar empleo. Las tarifas no se diferencian por capricho, sino porque la señal que se quiere enviar a un hogar no es la misma que la que se quiere enviar a un productor.
En los hogares, la electricidad cumple un rol de servicio esencial. La tarifa residencial suele pensarse en clave de acceso y continuidad, pero también puede incorporar incentivos que promuevan un uso más eficiente de la energía, mejores factores de carga y la reducción de picos innecesarios. Una tarifa bien diseñada no subsidia el derroche, sino que protege el acceso y fomenta un consumo responsable.
En el sector productivo, en cambio, la energía es, en mayor o menor medida, un insumo de producción, comparable a una materia prima. Su impacto no puede analizarse de forma aislada, sino en relación con el conjunto de los costos que enfrentan los distintos sectores y con la estructura de consumo existente en el país. La competitividad “energética” forma parte de una competitividad más amplia.
Cuando se acepta que los usos son distintos, el diseño tarifario también lo es. En la práctica, esto hace que algunos segmentos estén pensados principalmente para recuperar costos y proteger el acceso, mientras que otros pueden aportar mayor margen al sistema gracias a la competitividad estructural del país. Eso es lo que comúnmente se denomina subsidio cruzado. No como una anomalía, sino como el resultado lógico de reconocer que la electricidad cumple funciones distintas según quién y para qué la use.
Hacer explícito lo que hoy es implícito
Si aspiramos a un modelo de crecimiento más intensivo en energía, más electrificado y con mayor valor agregado, es razonable asumir que el mismo requiere decisiones consistentes en el tiempo, incluso cuando no sean cómodas en el corto plazo.
Tal vez el desafío no sea inventar un nuevo debate, sino decir en voz alta cosas que ya ocurren en la práctica. Que existe un modelo tarifario. Que ese modelo responde a un equilibrio que puede cambiar.
Y que, cuando el modelo cambia, las tarifas también deben revisarse si se quiere sostener el desarrollo.
Más adelante, podemos analizar qué señales da hoy la tarifa de la ANDE, qué incentivos genera y qué tipo de consumo y de inversión estamos promoviendo, muchas veces sin decirlo explícitamente.
Si queremos un Paraguay que crezca de manera sostenida, la energía difícilmente pueda seguir siendo un supuesto tácito. Convertirla en una decisión consciente es, probablemente, parte del desafío.
De actividad marginal a estrategia nacional
A los Honorables Líderes de la República del Paraguay, la historia demuestra que las naciones prosperan cuando reconocen el valor estratégico de sus recursos naturales. Hoy, en la era digital, la energía ya no se exporta únicamente a través de líneas de transmisión: puede exportarse de manera instantánea mediante la computación.
Paraguay posee una de las ventajas estratégicas más poderosas del mundo: energía hidroeléctrica abundante y renovable proveniente de Itaipú y Yacyretá.
Este recurso no solo posiciona a su país como productor de energía, sino como un potencial líder global en infraestructura digital alimentada por fuentes renovables.
En un reciente comentario, Matthew Sigel, jefe de investigación de Activos Digitales en Van Eck —un grupo de fondos cotizados con US$ 100 mil millones en activos— destacó un cambio significativo en el panorama global. Van Eck estima que aproximadamente 13 gobiernos nacionales están minando Bitcoin, utilizando recursos estatales.
China, Rusia e Irán representan cerca del 30% de la red global. Aunque solo una parte de esos países se enumeran públicamente —incluyendo Bután, Irán, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Etiopía, Argentina, Kenia y Japón—, la señal direccional es inconfundible: la minería soberana ha pasado de ser una actividad marginal a convertirse en una estrategia de infraestructura nacional.
Estos gobiernos no se limitan a apoyar a la industria privada. Están participando en arbitraje energético: convierten excedentes de energía hidroeléctrica, gas varado, renovables o electricidad con precios regulados en un activo digital de liquidez global.
En muchos casos, pueden acceder a la energía en niveles de política pública o precios mayoristas, a menudo entre 1 y 3 centavos del dólar por kilovatio-hora, lo que les otorga una base de costos estructuralmente más baja que la de los operadores privados, que pagan tarifas industriales más altas.
Para los países que necesitan dólares estadounidenses para atender su deuda soberana, financiar importaciones o fortalecer sus reservas financieras, la minería de Bitcoin se convierte en un mecanismo para transformar energía doméstica excedente en liquidez denominada en dólares.
Es, en efecto, un sistema de conversión de energía a dólares que opera las 24 horas del día. Esto ya no es simplemente una decisión industrial. Es una cuestión de competitividad nacional.
Si la estructura tarifaria de Paraguay se vuelve no competitiva en comparación con otras jurisdicciones respaldadas por el Estado, el capital migrará.
La infraestructura de minería de Bitcoin es móvil. Los inversionistas evalúan diariamente las jurisdicciones en función del costo de la energía, la certeza regulatoria, la estabilidad de la red y la claridad de las políticas a largo plazo.
Por el contrario, tarifas energéticas industriales estables y competitivas pueden:
* Aumentar los flujos de entrada de dólares estadounidenses a largo plazo.
* Monetizar la capacidad hidroeléctrica excedente, que de otro modo podría quedar subutilizada.
* Mejorar la eficiencia de la red mediante la gestión de cargas interrumpibles.
* Atraer inversiones paralelas en inteligencia artificial y computación de alto rendimiento.
* Posicionar a Paraguay como el principal centro de energía digital renovable de América Latina.
La discusión en CNBC sobre la minería soberana subraya un punto de inflexión en la teoría de juegos. Cuando aproximadamente una docena de gobiernos ya están minando con recursos estatales, la demora conlleva un costo de oportunidad.
La claridad estratégica y los precios energéticos competitivos determinarán qué naciones capturarán la próxima ola de inversión en infraestructura digital. Paraguay cuenta con la energía. Con el marco tarifario y regulatorio adecuado, puede convertir esa ventaja en un liderazgo económico sostenido. certeza regulatoria, la estabilidad de la red y la claridad de las políticas a largo plazo.
(*) Chief executive officer & chief investment officer U.S. Global Investors. También. Cofundador y presidente ejecutivo, fundador de HIV, la empresa norteamericana que tiene en Paraguay 400 MW.
El país sufrirá una intensa hemorragia, advierten
El debate cobra intensidad con la participación de las campañas Itaipú Causa Nacional e Itaipú es también Soberanía (PPP), cuyo reciente documento “El ilegal y descomunal saqueo de nuestra energía hidroeléctrica y vaciamiento de la ANDE”, que presentaron la última semana a la Contraloría General de la República y al Legislativo -específicamente, el resumen, porque el estudio lo despliegan en casi 50 páginas- incluimos en este capítulo del debate del Suplemento Económico de ABC. El resumen:
“El Paraguay vive hoy un momento crítico en cuanto a su energía hidroeléctrica. La principal amenaza es su saqueo por parte de empresas que hacen uso intensivo de la energía eléctrica a tarifas fuertemente subsidiadas, como lo inició el gobierno de Abdo Benítez a fines del 2022 y lo agravó el gobierno de Santiago Peña, para criptomineras y similares.
Ahora la situación se agrava con los ilegales e irresponsables decretos 5306/2026 y 5307/2026, que provocarían, en conjunto, una pérdida de hasta más de 80.000 millones de dólares (1,5 veces el actual PIB del Paraguay) en los próximos 15 años, entre el 2027 y 2041.
Si continúan vigentes los citados decretos 5306 y 5307/2026, así como el Decreto N.º 7824/2022, que sustenta a las criptomineras y similares, el Paraguay habrá perdido para siempre su ventaja comparativa de ser el país con la menor tarifa eléctrica de la región sin subsidio explícito y que hasta hoy favorece a empresas que generan masivamente empleo. Incluso antes del 2030 el vaciamiento de ANDE será agudo, los costos del servicio se elevarán considerablemente para toda la ciudadanía y en perjuicio de empresas que generan empleo. Será inevitable un fortísimo incremento de las tarifas en perjuicio de todos los usuarios nacionales.
En cambio, un reducido grupo de enormes empresas, que nunca invirtieron en el país y que crearían 500 veces menos empleo, en forma unitaria, que el promedio de las demás empresas del país, gozará de bajísimas tarifas subsidiadas –por todos nosotros– al menos por 15 años (hasta el 2041). La autonomía hidroeléctrica y la energía barata se acabará para todo el país irremediablemente en el 2030, o incluso antes.
Si hubiera voluntad política –lo que no se ve de parte de Peña– rápidamente se podría cambiar ese tenebroso panorama, casi de inmediato. Se podrían evitar pérdidas de hasta más de 80.000 millones de dólares, que se registrarían entre el 2027 y el 2041; y, con las rectificaciones acordes a la ley y al tratado de Itaipú –que hoy están siendo violados impunemente— se podrá iniciar un proceso de inmediato fortalecimiento del sistema eléctrico nacional, profundizando las ventajas comparativas que significa contar con la menor tarifa eléctrica de toda la región sin subsidio alguno, avanzando hacia un suministro confiable, sustentable y de calidad.
La solución es muy sencilla: (i) dar al sector eléctrico lo que es del sector eléctrico, particularmente la renta eléctrica de 1.250 M US$/año que, insólitamente, financia a otros sectores; (ii) que la ANDE acceda a una tarifa igual al costo del servicio de Itaipú, como exige su tratado, con lo que la empresa eléctrica ahorraría 400 M US$/año; (iii) dar por terminados los contratos con las criptomineras, como el presidente de ANDE se comprometió a hacerlo, al menos en 2027; y (iv) derogar de inmediato los decretos 5306/2026 y 5307/2026, lo más trascendente.
Si una criptominera, base de datos, planta de hidrógeno u otra empresa de uso intensivo de energía eléctrica quiere instalarse en el país, la ANDE debe cumplir con su Carta Orgánica y cobrarle el costo real del servicio, y no regalarle nuestra valiosísima energía hidroeléctrica, como lo hace ahora.
Peña y el presidente de ANDE deben dejar de violar la Carta Orgánica de ANDE.
Además, los daños ya causados al patrimonio de ANDE y del Estado paraguayo por estas ilícitas violaciones no deben quedar impunes y tanto la Contraloría como la Fiscalía deben actuar de inmediato e imputar a los principales responsables, desde el mismo presidente Peña para abajo, exigiendo que devuelvan, a partir de sus propios bienes personales –muchos malhabidos–, lo robado al pueblo paraguayo, como establecen la Constitución Nacional y el Código Penal.
ANDE y el modelo país
¿Cómo se vincula la situación financiera de la ANDE y el debate sobre tarifas con el modelo de desarrollo que aspiramos construir como país.
Un salto extraordinario
La minería soberana ha pasado de ser una actividad marginal a convertirse en una estrategia de infraestructura nacional.
La principal amenaza
La principal amenaza es su saqueo por parte de empresas que hacen uso intensivo de la energía eléctrica a tarifas fuertemente subsidiadas.
US$ 80 MM de pérdidas
Provocarían una pérdida de más de 80.000 millones de dólares (1,5 veces el actual PIB del Paraguay) en los próximos 15 años, entre el 2027 y 2041.