El concepto de “sistema de cuidados” comprende el conjunto de políticas públicas, normas, instituciones y servicios destinados a garantizar el cuidado de niños, niñas, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otros grupos en situación de dependencia. En el ámbito laboral, estos sistemas tienen como objetivo permitir que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus funciones sin sacrificar el bienestar familiar ni los derechos fundamentales de quienes requieren atención y asistencia.
En Paraguay, la Constitución Nacional reconoce la protección integral de la familia, de la maternidad y de la infancia. Asimismo, el Código del Trabajo establece disposiciones relacionadas con el descanso por maternidad, la protección contra el despido durante el embarazo y ciertos derechos vinculados al cuidado familiar. No obstante, la normativa más relevante en esta materia es la ley Nº 5508/2015, luego modificada y ampliada por la ley Nº 6453/2020. Estas disposiciones establecen medidas orientadas a la protección de las madres trabajadoras y promueven condiciones adecuadas para la lactancia materna dentro de los lugares de trabajo.
Nuestra legislación contempla derechos importantes como la licencia por maternidad, el subsidio correspondiente, los permisos para lactancia y la estabilidad laboral durante el embarazo y el primer año de vida del niño. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) ha reiterado públicamente la obligación de implementar salas de lactancia en instituciones públicas y privadas, buscando fortalecer las condiciones mínimas de cuidado dentro de los espacios laborales. Por su parte, el Instituto de Previsión Social (IPS) cumple un rol fundamental mediante el otorgamiento de subsidios por maternidad y prestaciones médicas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.
Sin embargo, el alcance real de estas prestaciones sigue siendo limitado debido a la elevada informalidad laboral existente en Paraguay. Una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras quedan excluidos del sistema previsional y, en consecuencia, fuera de los mecanismos formales de protección y cuidado.
Paraguay aún carece de un sistema nacional de cuidados
A pesar de estos avances normativos, Paraguay aún carece de un sistema nacional de cuidados plenamente articulado. Las políticas existentes se encuentran dispersas entre distintas instituciones estatales y no responden a una estrategia integral de corresponsabilidad entre el Estado, las empresas y las familias. En la práctica, la carga del cuidado continúa recayendo principalmente sobre las mujeres, generando desigualdades laborales, salariales y profesionales.
Uno de los principales problemas radica en la insuficiencia de servicios de cuidado infantil accesibles y seguros. Muchas empresas no cuentan con guarderías, centros de desarrollo infantil ni espacios adecuados para madres trabajadoras. Incluso, cuando existen servicios privados de cuidado, estos suelen representar costos elevados para las familias trabajadoras. Esta situación obliga a numerosos padres y madres a dejar a sus hijos en establecimientos con escasos controles o condiciones deficientes.
Como casos prácticos, se han expuesto reiteradamente situaciones graves relacionadas con negligencia y maltrato en guarderías infantiles. En 2023, por ejemplo, se denunció un presunto caso de maltrato y negligencia en una guardería de Asunción, donde padres señalaron condiciones inadecuadas de atención y cuidado hacia menores de edad. El caso derivó en la intervención de la Fiscalía y de organismos de protección de la niñez. Más recientemente, en 2026, autoridades fiscales intervinieron una guardería en Luque tras denuncias de maltrato físico y psicológico contra niños de entre 0 y 4 años.
Según las investigaciones preliminares, el establecimiento presentaba condiciones deficientes y presuntas irregularidades en la atención de los menores. Estos hechos revelan una problemática estructural mucho más profunda; la falta de fiscalización efectiva sobre los centros de cuidado infantil y la ausencia de estándares uniformes de calidad y seguridad. La precariedad de muchos establecimientos demuestra que el cuidado infantil continúa siendo tratado, en numerosos casos, como una actividad secundaria y no como un verdadero servicio esencial vinculado a derechos humanos fundamentales.
Desde una perspectiva crítica, puede afirmarse que el sistema paraguayo de cuidados está aún en etapa incipiente. Las políticas actuales se concentran mayoritariamente en la protección de la maternidad, dejando de lado otros componentes fundamentales del cuidado, como la corresponsabilidad parental, servicios universales de atención infantil y protección de personas dependientes. Además, muchas empresas continúan considerando las políticas de cuidado como un “costo adicional” y no como una inversión social y productiva. Esta visión limita la implementación de horarios flexibles, teletrabajo regulado, licencias parentales compartidas y programas empresariales de bienestar familiar. La falta de incentivos estatales y de mecanismos de control también contribuye al incumplimiento de diversas obligaciones laborales vinculadas al cuidado.
Otro aspecto relevante basado en datos estadísticos es la insuficiente participación de los hombres en las tareas de cuidado. La normativa local mantiene una visión tradicional centrada casi exclusivamente en la madre trabajadora. Las licencias por paternidad siguen siendo reducidas y poco desarrolladas en comparación con estándares internacionales. Esta situación perpetúa estereotipos de género y dificulta una distribución más equitativa de responsabilidades familiares.
En términos de derecho comparado, varios países de la región han avanzado hacia sistemas nacionales de cuidados más integrales, incorporando políticas públicas orientadas a la primera infancia, atención domiciliaria, licencias parentales amplias y servicios comunitarios de cuidado.
Paraguay podría adoptar experiencias similares mediante la creación de un sistema nacional coordinado entre MTESS, IPS, Ministerio de la Niñez y Adolescencia y otras instituciones públicas. Entre las posibles correcciones y reformas futuras resulta fundamental fortalecer los mecanismos de fiscalización de guarderías y centros de cuidado infantil. Asimismo, debería impulsarse la certificación obligatoria de estos establecimientos, exigiendo estándares mínimos de infraestructura, capacitación del personal y protocolos de protección infantil.
También sería necesario ampliar las políticas de conciliación laboral y familiar mediante incentivos para empresas que implementen espacios de cuidado, horarios flexibles y programas de apoyo a trabajadores con responsabilidades familiares. La incorporación de licencias parentales compartidas permitiría distribuir de manera más equilibrada las tareas de cuidado entre hombres y mujeres. Igualmente, el Estado debería avanzar hacia la construcción de un verdadero sistema nacional de cuidados con financiamiento público sostenible, cobertura progresiva y enfoque de derechos humanos. El cuidado no puede seguir siendo considerado únicamente una responsabilidad privada de las familias, sino una función social esencial vinculada al desarrollo económico y al bienestar colectivo.
En conclusión, si bien se han logrado avances importantes en materia de protección de la maternidad y derechos laborales relacionados con el cuidado, las normas vigentes todavía resultan insuficientes para responder a las complejas necesidades sociales actuales. Los casos de negligencia y maltrato difundidos en los medios evidencian la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y garantizar servicios de cuidado seguros y dignos.
La construcción de un sistema integral de cuidados representa uno de los principales desafíos sociales y laborales del país. Solo mediante políticas públicas coordinadas, inversión estatal, compromiso empresarial y una transformación cultural orientada a la corresponsabilidad será posible garantizar condiciones laborales más humanas y una protección efectiva de la niñez y de las personas en situación de dependencia.
Vacíos estructurales
Todavía persisten importantes vacíos estructurales que impiden consolidar un verdadero sistema integral de cuidados en el ámbito laboral.
(*) Abogada laboralista