seguridad social

Las leyes del seguro social europeo, especialmente españolas, que sirvieron de modelo a la versión paraguaya -léase IPS- vigente desde 1950, funcionaron al inicio en forma bastante eficaz: un sistema solidario donde trabajadores y empleadores aportan determinado porcentaje para garantizar salud y jubilación. Así lo expresa su Ley orgánica, donde está definida como una institución autónoma, técnica, profesional. Sus bienes patrimoniales -por lo menos los inmuebles- no pueden enajenarse. Hasta ahí, se hicieron muy bien las cosas.

La informalidad continúa como uno de los principales desafíos estructurales del mercado laboral en América Latina y el Caribe. Con una tasa regional cercana al 47% –promedio de 12 países–, casi la mitad de las personas ocupadas permanece al margen del acceso a la seguridad social, la estabilidad y la protección asociadas al empleo formal, de acuerdo con el reciente Informe Panorama Laboral 2025 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En Paraguay, el trabajo a tiempo parcial se encuentra regulado por la Ley 6339/2019, que define una jornada semanal comprendida entre 16 y 32 horas. Este régimen busca introducir mayor flexibilidad en el mercado laboral y extender la cobertura de la seguridad social, ya que abarca a los trabajadores cuyas horas normales de trabajo son inferiores a las de un empleado a tiempo completo en condiciones comparables, conforme con la definición del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).

Al concluir la etapa laboral, la jubilación se convierte en la prueba de fuego de cada sistema de seguridad social. Rankings internacionales como el Mercer CFA Institute Global Pension Index muestran qué países han logrado construir sistemas previsionales sólidos, capaces de garantizar ingresos adecuados, cobertura universal y sostenibilidad financiera. Paraguay no figura en esas listas globales, pero los datos locales permiten dimensionar sus retos y contrastarlos.

A propósito del Día de la Seguridad Social, celebrado días pasados, se acaba de actualizar un dato dramático. Ya con todos los ajustes realizados por el número real de habitantes que arrojó el último Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, apenas el 30% de la población económicamente activa está aportando a algún sistema jubilatorio, lo que significa que, si todo sigue igual, cuanto menos dos millones de personas que hoy trabajan, a lo que debe sumarse otro millón de mayores de quince años que no están en el mercado laboral, llegarán a la tercera edad sin una mínima pensión propia por la que hayan contribuido, lo cual, si no se hace algo al respecto, se constituirá en un peso insoportable para las finanzas públicas. Para tener una idea de la extrema gravedad de esta situación, si en un futuro relativamente cercano el Estado paraguayo tuviera que hacerse cargo, como indefectiblemente va a ocurrir de una manera o de otra, de tres millones de personas sin ingresos que ya no estarán en condiciones de producir, para otorgarles apenas una exigua asistencia equivalente a la mitad de un sueldo mínimo, a valores de hoy se necesitarán 6.300 millones de dólares al año solo para ese fin, una suma que excede con creces el total de los presupuestos combinados de salud, educación, infraestructura y seguridad. Y estas son cifras bastante conservadoras, porque, si no se toman medidas, el contingente de retirados sin jubilación será mucho mayor.