De acuerdo con un informe de Fitch Ratings citado por Bloomberg Línea, Chile y Perú figuran entre los países de la región que permitieron un mayor traslado de los precios internacionales del petróleo a los consumidores. En ambos casos, la estructura de formación de precios presenta una elevada sensibilidad a las cotizaciones internacionales, aunque Chile cuenta con mecanismos de estabilización que moderan parcialmente las variaciones. Guatemala, Panamá y Paraguay también registraron un importante traslado de las subas, aunque mediante esquemas diferentes. En el caso paraguayo, Fitch señala que los ajustes se realizaron mediante decisiones discrecionales, sin la aplicación de subsidios generalizados.
La situación contrasta con la observada en países que decidieron contener el impacto sobre los consumidores. Brasil y México implementaron reducciones impositivas para moderar los aumentos, mientras que Colombia utilizó su Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) para amortiguar el efecto del encarecimiento internacional. República Dominicana también recurrió a subsidios para limitar las subas, en tanto que Bolivia mantuvo un congelamiento de precios y Nicaragua continuó aplicando medidas similares.
De acuerdo con estimaciones citadas por EconoJournal, entre marzo y abril de 2026 el precio del barril Brent había registrado un aumento superior al 40%, pasando de aproximadamente US$ 78 a más de US$ 110 por barril. Este incremento tuvo efectos muy diferentes entre los países latinoamericanos. Perú encabezó el ranking regional con una suba cercana al 39% en los combustibles, seguido por Chile con alrededor del 24%. Argentina registró un aumento de aproximadamente 16%, mientras que Brasil mostró un alza cercana al 7% y Uruguay del 6%. Bolivia, por su parte, prácticamente no presentó modificaciones en los precios internos durante ese período.
La explicación detrás de estas diferencias radica, principalmente, en dos factores: la condición de cada país como importador o exportador neto de petróleo y la estrategia adoptada por los gobiernos para administrar los precios internos. Los países importadores suelen enfrentar mayores dificultades para absorber los incrementos internacionales sin afectar las cuentas fiscales, mientras que los exportadores cuentan con mayores ingresos derivados del propio aumento del crudo, lo que les otorga margen para implementar subsidios o alivios tributarios.
Más allá del impacto inmediato en los surtidores, el aumento de los combustibles genera efectos sobre el conjunto de la economía. Goldman Sachs estima que un incremento del 10% en el precio del petróleo puede añadir alrededor de 30 puntos básicos a la inflación en América Latina. Además del efecto directo sobre los combustibles, el encarecimiento energético también afecta costos logísticos, transporte de mercancías, fertilizantes, productos químicos y diversos insumos industriales, ampliando las presiones inflacionarias.
Fitch Ratings advierte que los países que permitieron un mayor traslado de los aumentos internacionales podrían enfrentar una desaceleración económica durante este año debido a la reducción del poder adquisitivo de los consumidores. No obstante, la calificadora considera que la mayoría de los bancos centrales de la región mantiene margen para administrar estos shocks sin recurrir necesariamente a incrementos en las tasas de interés, dado que las monedas latinoamericanas han mostrado relativa estabilidad y la inflación previa se encontraba en niveles más moderados que en años anteriores.
En línea con Bloomberg, en este escenario, la región enfrenta un delicado equilibrio entre contener las presiones inflacionarias y preservar la sostenibilidad fiscal. Las decisiones adoptadas por cada país muestran que no existe una estrategia única frente al shock petrolero, sino respuestas diferenciadas que reflejan las condiciones fiscales, energéticas y macroeconómicas de cada economía latinoamericana.
*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones