Ni la empresa más precaria del sector privado se atrevería a exhibir semejante nivel de improvisación. El “vamos a ver cómo salimos” se convirtió en la consigna oficial. Esto trasciende la negligencia, pues se está jugando con los fondos y la salud de miles de aportantes. Por ello, remover al Dr. Fretes resultará inútil si no se abordan sus advertencias: ¿existe un plan real? ¿habrá un rumbo claro? ¿se garantizará el financiamiento de fármacos? Sin respuestas a estos interrogantes, el relevo de autoridades no pasará de ser un mero maquillaje político. Se suma además una alerta de la Contraloría General de la República: “el IPS corre el riesgo de tomar decisiones basadas en fondos ficticios...”. En el lenguaje de la administración pública, esto se traduce en maniobras contables para inflar activos inexistentes. Ante la falta de liquidez, la respuesta oficial ha sido proponer un “cobro exprés” de deudas patronales; un parche de emergencia que pretende solucionar con improvisación un problema estructural.
Como aportante y empleador resulta inevitable plantear una pregunta: ¿quiénes dirigen esta caja multimillonaria? Mientras que al presidente del IPS lo designa el Ejecutivo, el Consejo de Administración se compone de representantes de los ministerios de Salud y de Trabajo, del sector patronal, de los trabajadores sindicalizados y de organizaciones de jubilados. En la teoría política este esquema está lejos de ser democrático: es un modelo corporativo.
Históricamente, las estructuras gobernadas por corporaciones gremiales y no por el voto directo de los ciudadanos se enmarcaron en el Estado corporativo de la Italia de la primera mitad del siglo XX, bajo la Cámara de las Fasces y de las corporaciones. Estamos textualmente ante un diseño de raigambre corporativista fascista.
En cualquier sistema previsional moderno, quienes aportan son los que toman las decisiones, a través de organismos técnicos y administradores de fondos, sujetos a regulaciones tan estrictas como las de la banca o el sector cooperativo.
El IPS, por el contrario, gestiona una masa de dinero colosal, sin un órgano contralor externo, independiente y especializado, quedando expuesto a una supervisión de la Contraloría que resulta generalista e insuficiente para la complejidad de su naturaleza financiera.
Observar a las autoridades de la previsional debatiendo cómo maquillar la crisis evoca inevitablemente a la Unión Soviética de finales de los ochenta: una densa burocracia intentando emparchar un sistema moribundo, que requería un cambio de sistema.
Al postergar una reforma planificada, el modelo soviético terminó colapsando por su propio peso y arrastrando a toda la sociedad. El IPS se encamina hacia el mismo destino.
Para agravar el panorama, la institución carga hoy con las consecuencias de una trampa; una distorsión que la ciudadanía aceptó con indulgencia. Durante décadas, el país convivió con niveles alarmantes de informalidad laboral, dejando desprotegidos a miles de paraguayos.
Ante este déficit, la respuesta correcta del Estado debió ser la asistencia social financiada con recursos del Tesoro. Esos fondos debieron provenir de la reducción del gasto público superfluo, el combate frontal a la corrupción clientelar y el fin de las licitaciones amañadas. Sin embargo, la clase política eligió el camino mas fácil: trasladar esa inmensa carga al IPS.
Bajo una narrativa noble y de fuerte arraigo popular se extendió la cobertura a los padres ancianos de los asegurados, los cónyuges, concubinos, hijos menores de edad e hijos mayores con discapacidad.
Aunque humanamente atendible, la medida tiene un impacto financiero cuyas consecuencias sufre hoy la previsional. Este descalabro es solo un síntoma de una enfermedad más compleja. Los males endémicos del IPS son la anarquía, el desorden administrativo y la corrupción generalizada.
En definitiva, se lo gestiona como a cualquier otra repartición estatal fallida: bajo la premisa de que lo que es de todos no es de nadie.
El IPS no se salvará con parches temporales ni con discursos de buena voluntad. La única salida es una reforma estructural profunda, que devuelva el control de la entidad a sus verdaderos dueños: los aportantes. Ellos decidirán la magnitud de los cambios estructurales que se necesitan. Seguir sosteniendo este modelo corporativo y agonizante es poner en riesgo inminente la salud, los ahorros y el futuro de todos los paraguayos.
(*) Arquitecto