En el contrato de seguros el principio de buena fe no es simplemente una expresión de deseo, sino su principal característica ya que históricamente se manejó con simples promesas que se cumplían a cabalidad dada la intangibilidad manifiesta del seguro, donde un simple papel (llamado póliza) da amparo y cobertura a riesgos significativamente complejos y multimillonarios. Esta afirmación daría lugar a suponer que los demás contratos comerciales pueden no ser de buena fe. Pero como mencionamos, para el contrato de seguro es esencial y por ello lo denominan “de ubérrima bona fidei”, no solamente porque rigen respecto del mismo las reglas establecidas por el código civil, relativas a los hechos producidos por ignorancia o error o por dolo, sino porque en todos los países, y también en el nuestro, existen reglas especiales que acentúan la exigencia de un consentimiento prestado en perfectas condiciones. El artículo 1549 del Código Civil establece, como causa de nulidad del contrato de seguros, “… la declaración falsa o la reticencia de circunstancias conocidas del asegurado, que aún hechas de buena fe, hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones…”.
El principio que consagra la disposición transcripta es indiscutible desde el punto de vista teórico, pero bajo su aspecto práctico no está exento de dificultades para su justa aplicación.
Para fundar esta norma consagrada especialmente en materia de seguros se invoca la obligación en que está el asegurado de declarar todas las circunstancias relativas no solo al verdadero estado de la cosa a asegurar, sino de las que se relacionan con el riesgo mismo asumido, que es el sentido en que verdaderamente debe entenderse la disposición, porque el objeto del seguro no son las cosas mismas, sino el riesgo al que se encuentran sometidas, y es también lo que se infiere claramente de las palabras finales del mismo artículo, o sea, las circunstancias que hubiesen impedido el contrato o modificado sus condiciones.
Desde luego, debe tenerse bien presente que la falsa declaración o la reticencia solo puede ser de circunstancias conocidas del asegurado, pero, aún así, dichas circunstancias deben ser tales que si el asegurador hubiese sido cerciorado, habrían impedido el contrato o modificado sus condiciones. Con toda claridad, resulta así que la buena fe que la ley quiere debe ser recíproca e igual entre las partes, y no reducirse únicamente al asegurado. Y aún puede afirmarse que esa buena fe debe todavía ser mayor en el asegurador, que es el contratante que sabe cuáles son las circunstancias que, dentro de la técnica del seguro, pueden alterar las condiciones del contrato o impedir su celebración, en tanto que el asegurado puede muy bien no tenerlas en cuenta.
Otro aspecto de esta misma cuestión relativa a la buena fe en el contrato de seguro no se refiere al tiempo anterior a la contratación y a las condiciones en que se presta el consentimiento, sino durante la vigencia de la póliza, y esto se da cuando tanto el asegurado como el asegurador pueden llegar a tener noticia de circunstancias que, como dice la norma, “… habrían impedido el contrato o modificado sus condiciones…” y de comunicar estos hechos que puedan implicar una alteración en las condiciones del riesgo asumido.
Pero como mencionamos al principio, la buena fe es también una obligación del asegurador. Su actuar de buena fe radica en el cumplimiento de sus cargas previstas en el contrato, pero principalmente en transmitir correctamente el alcance de la cobertura contratada, y en el lenguaje claro de sus condiciones de póliza. Es decir que, lo que se pactó en el momento del consentimiento y negociación, sea lo que luego se transcribió en la propuesta y que finalmente se inserte íntegramente en la póliza de seguros, sin delimitaciones de coberturas, deducibles o cláusulas condicionales no discutidas originalmente en la propuesta. Y, por supuesto, el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato y en la normativa legal en cuanto a indemnizaciones o contraprestaciones como esencia fundamental de su calidad de asegurador.
En síntesis, la explotación del seguro exige que las partes se comporten de buena fe durante la negociación, celebración y vigencia de los contratos. Este principio impedirá interpretaciones arbitrarias de las cláusulas y obligará a ambas partes a respetar la finalidad protectora del seguro. La buena fe convierte al contrato de seguros en un vínculo de confianza: cuando se cumple, permite afrontar los riesgos con mayor seguridad y equilibrio entre las partes.
Equilibrio contractual
Si hay mala fe de uno de los contratantes, el equilibrio contractual se termina. Uno de ellos obtiene una ventaja fruto de su deshonestidad.
(*) Abogado