Debe prepararse una agenda que tenga un amplio consenso en todo el país

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–Luego de 44 años de la firma del Tratado de Itaipú, ¿qué aspectos deben revisarse con miras al 2023, sobre todo teniendo en cuenta que los propios brasileños se muestran interesados en adelantar las negociaciones?

–Debe prepararse una agenda de negociación que sea un amplio consenso nacional, como fueron los seis puntos que consensuamos en 2008, y porque fue una causa nacional es que pudimos avanzar significativamente, que se concretó en el acuerdo Lula-Lugo del 25 de julio del 2009.

Ahora al menos habría que incluir cuatro puntos: la soberanía hidroeléctrica, primero, que ya fue reconocida por Lula –el Brasil– para el 2023, de manera que podamos efectivamente exportar nuestra energía a terceros países, incluso antes del 2023, pues el Paraguay es soberano y nunca renunció a su soberanía hidroeléctrica, acordada ya en el Acta de Foz de Yguazú (1966), que está en el preámbulo del Tratado y forma parte de él. Segundo, debemos exigir que podamos vender –si no exportamos a un tercer país– al Brasil, a su mercado, a un “justo precio”, de mercado, como acordamos en el 2009 y que debía efectivizarse “a la brevedad posible”, habida cuenta de que ocho años, desde tal acuerdo, es mucho más que algo “breve” y ya no debería haber traba alguna.

Tercero, la deuda debería ser cero hoy, como nosotros lo planteamos en la mesa de negociación ya en el 2008 y el Brasil aceptó se realice una auditoría de la deuda, pero la Contraloría del Paraguay –el ente encargado de hacerlo–, curiosamente, finalmente no la hizo; habría que ver por qué no la hizo. Allí debe estar la voluntad del gobierno de turno, que hasta ahora no se ve en ninguno de todos estos puntos cruciales. Cuarto, finalmente, el Paraguay debe exigir que se realicen las obras de navegación previstas en el Tratado y nuevamente acordadas en el 2009. Los beneficios que resulten de los tres primeros puntos deben ser para el Estado paraguayo, para la ANDE. En ningún caso el Gobierno debe ir a negociar para entregar nuestra principal riqueza natural, la energía de Itaipú, a empresas privadas transnacionales, vía licitación internacional, como algunos están proponiendo, quizás ingenuamente, o incluso malintencionadamente.

–Uno de los puntos del acuerdo Lugo-Lula de 2009 hablaba de la posibilidad que tenía la ANDE de comercializar directamente sus excedentes en el mercado brasileño. ¿Cuál sería la dificultad que impide avanzar al respecto? 

–La dificultad es la falta de voluntad política de los gobiernos posteriores al de Fernando Lugo. En nuestro gobierno, presentamos una propuesta para vender al mercado brasileño la energía excedente de Itaipú, recibimos una contrapropuesta brasileña y, finalmente, presentamos una propuesta mejorada. Estando bastante cerca de concretar la venta de nuestros excedentes hidroeléctricos de Itaipú al Brasil, a precios de mercado del Brasil, vino el golpe de Estado parlamentario, y todo quedó parado. ¿Qué hicieron los gobiernos posteriores sobre este tema? Nada. Los hechos demuestran que, si se concretaba un acuerdo entre los años 2014, 2015 y 2016, el Paraguay podría haber vendido su energía excedente de Itaipú al mercado brasileño a más de US$ 100/MWh, en promedio –con beneficios de mucho más de US$ 50/MWh, pues el costo es inferior a esta cifra– según el Precio de Liquidación de Diferencias (PLD) del mercado brasileño, como cualquier técnico lo puede calcular. De esa manera, se podría haber quintuplicado la actual compensación del orden de US$ 9/MWh, llegándose a US$ 1.800 millones/año en lugar de US$ 360 MM/año. Por no hacer lo que ya estaba acordado, por no haber tenido el gobierno de turno la voluntad política para negociar con el Brasil desde el 2012 a la fecha, el Paraguay perdió más de mil millones de dólares/año. Habría que ver por qué surgió esa falta de voluntad política.

–Las negociaciones sobre Yacyretá duraron casi tres años. ¿No se presagia una situación similar en Itaipú para 2023? 

–Se nota una falta de preparación alarmante. El gobierno de turno debe convocar a un amplio debate, no solo a expertos, sino a toda la sociedad civil, y hacer de la soberanía hidroeléctrica, del precio justo y la deuda cero de Itaipú, como lo hemos hecho durante el gobierno de Fernando Lugo, una verdadera causa nacional. Solo con la activa participación ciudadana se podrá avanzar en estos y otros temas cruciales. Si el Gobierno cree que va a conseguir algo negociando entre cuatro paredes y apenas en forma bilateral con el Brasil, se engaña, o bien está buscando otra cosa, que no será precisamente nada que tenga que ver con los intereses nacionales.

–¿Cómo debería encarar el gobierno actual las relaciones con el Brasil en Itaipú? 

–Con personas honestas, en primer lugar, así como patriotas. También hace falta capacidad, pero la capacidad sin honestidad ni patriotismo no sirve para nada bueno. Es preferible un ignorante honesto y patriota, que un deshonesto y antipatriota muy capaz, pues será justamente capaz de cualquier cosa, y luego, gracias a su capacidad, encubrirá muy bien los robos contra la Patria que perpetre. Desde luego que lo ideal es que el equipo de negociadores –que debe estar controlado siempre por la ciudadanía– sea no solo honesto y patriota, sino también capaz.

Todo gobierno, si quiere beneficiar al pueblo, además, debe encarar las relaciones con el Brasil con amplia participación, como ya indiqué, pues es la ciudadanía la que nos da fuerza en las negociaciones. Debemos ir con la verdad, como fuimos durante el gobierno de Fernando Lugo a la mesa de negociación con el Brasil, a fin de conquistar la solidaridad de las organizaciones ciudadanas, sociales, políticas y económicas del Brasil, así como de la región. Si creemos que con nuestra sola fuerza vamos a doblegar al indudablemente mucho más poderoso Brasil, nos engañamos totalmente.

Entonces, si se encaran negociaciones apenas bilaterales y entre cuatro paredes –como ocurrió cuando se firmó el Tratado de Itaipú, en 1973–, el resultado es previsible: fracaso para el pueblo y más que probable enriquecimiento de los negociadores.

–¿Existen algunos puntos sobre los cuales deberían las autoridades nacionales en Itaipú poner mayor énfasis? 

–Esta negociación debe ser una causa nacional, y hasta sería prudente que sea encarada recién por el próximo gobierno, para que nazca con la legitimidad que otorga un nuevo mandato popular. Un aspecto crucial es que la propuesta paraguaya debe incluir la plena contratación del 100% de nuestra potencia y energía, de manera que el Brasil entienda que vamos a ejercer nuestra soberanía con total decisión, incluso llegar a tirar el agua que nos pertenece por el vertedero si es que el Brasil no paga un “justo precio”.

También debe ser claro que los beneficios que se obtengan del hecho de que la deuda sea cero deben ser para la ANDE/el Estado paraguayo, y no para algunos avivados que quieren vivir de la renta eléctrica, privatizándola, o para pagar menos impuestos. Así, con la misma tarifa actual de Itaipú, hay unos US$ 1.000 millones/año, de entrada, que deberían ingresar a la ANDE, la propietaria de Itaipú, al menos en un alto porcentaje, a fin de fortalecer al sistema eléctrico nacional y, de esa manera, hacer realidad el objetivo de una energía eléctrica de calidad y barata, a fin de atraer las mejores inversiones, que generen empleo del mayor nivel posible para toda la población. ¡Hay que recuperar efectivamente la soberanía hidroeléctrica en Itaipú y conseguir un precio justo por los excedentes hidroeléctricos que estamos exportando al Brasil! Y eso, ¡SE PUEDE! Esa debe ser la mentalidad del nuevo gobierno y de los negociadores.

2023

Causa nacional y amplio consenso plantea el ingeniero Ricardo Canese para renegociar Itaipú en 2023 en el aniversario 44 de la firma del Tratado.

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