¿Lavado de dinero en la Itaipú?

De acuerdo con los investigadores, el lavado de dinero es conocido también como lavado de capitales, lavado de activos o blanqueo de capitales. Son operaciones con recursos de procedencia ilícita con el objetivo de legitimar capitales.

La idea consiste en que los fondos o activos obtenidos por las actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales en condiciones de circular sin problemas en el sistema financiero.

Para que exista blanqueo de capitales, es menester la previa comisión de un acto delictivo grave que permita obtener beneficios ilegales para después ser introducidos en los mercados financieros u otros sectores económicos. El blanqueo de capitales es un delito autónomo, que no requiere de una condena judicial previa por la comisión de la actividad delictiva que dio origen a los fondos.

Las premisas precedentes son totalmente coincidentes con algunas operaciones encaminadas a encubrir las rentas ilícitas ingresadas en la Itaipú Binacional. La empresa binacional, impedida de ejecutar actividades ajenas a la producción de electricidad –a partir de las aguas del río Alto Paraná– viene transgrediendo, desde el año 2002, normativas del Tratado de Itaipú con tareas más propias de un Estado nacional que de una usina hidroeléctrica.

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El Tratado de Itaipú solo autoriza a la empresa binacional la producción de electricidad. En los gastos de explotación, previstos en el costo del servicio de electricidad ya son contemplados recursos para la reparación y la compensación por daños ocasionados al ecosistema o hábitat de la población biológica. Aunque la reivindicación nunca será suficiente, siempre es perfectible una reparación más justa.

Las tareas agregadas a la misión de Itaipú, que son financiados con rubros no contemplados en el costo del servicio de electricidad, son a todas luces ilegales y de algún lado debe salir.

Por todo ello, fue menester alterar la misión de la empresa binacional para encubrir una renta proveniente de la creación de categorías de energía, entre ellas la energía adicional a la garantizada, no estipuladas en el tratado.

La “responsabilidad social”, con cuantiosas inversiones no controladas por el Estado, es el insuficiente eufemismo con que se pretende sustituir la ruda franqueza del lavado de dinero.

Los órganos de administración de la hidroeléctrica binacional rompiendo la ley lograron, nota reversal mediante, modificar el tratado. No obstante, la modificación no tiene validez alguna y la estratagema para encubrir la renta obtenida mediante la comercialización de la energía adicional es insostenible.

El monto de los royalties, anualmente destinado a los países, ya está calculado y presupuestado cada año como componente del costo del servicio de electricidad. Aunque las cuentas sean repetitivas y las variables predecibles hay una fórmula:

Royalties = energía generada en GWh x US$ 650 x K (factor multiplicador) x FA (factor de ajuste).

Ejemplo (año 2011): 75.134.520 GWh x US$ 650 x 4,0 x 1,9597517 = US$ 382.837.000

Entre tanto, son innecesarios e ilegales los supuestos aportes de los royalties provenientes de la energía adicional a la garantizada.

Pero hay más, según observaciones realizadas, el monto estipulado no obedece a un patrón matemático. Según el director general brasileño, Jorge Samek, “Cuanto más se produce, más se paga”. Sin embargo, la realidad dice otra cosa.

En el año 2013 Itaipú estableció un nuevo récord con la generación de 98.630.035 MWh de energía. En esa ocasión, el Estado paraguayo recibió por los royalties US$ 258.912,90. En el año 2014, la producción cayó a 87.165.187 MWh unos 11,5 millones de MWh menos que año anterior. A pesar de la menor producción fue remesado al país en concepto de royalties US$ 273.192,10. Según los registros hubo otros casos similares en los años 2006, 2007, 2008, 2009.

Al seguir abonando un pasivo honrado suficientemente (Jeffrey Sachs), al generar y administrar una renta indebida (energía adicional a la garantizada) los órganos de administración de la empresa binacional violan la Constitución Nacional y el Tratado de Itaipú”, siendo saludable recordarles el irrestricto apego a la ley.

Al respecto cabe destacar al juez Sérgio Moro, desconocido en gran parte de Brasil, hoy en el epicentro de uno de los mayores escándalos políticos de su reciente historia. En la gigantesca causa de sobornos de Petrobrás puso entre rejas a políticos y a los empresarios más ricos de Brasil. Hasta hace poco pareciera utópico e impensable. Da para reflexionar.

* juanantoniopozzo@gmail.com

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