La retracción económica regional, impulsada en gran medida por la caída en los precios de los commodities, sumado a problemas internos en nuestros principales socios comerciales, está ejerciendo un impacto negativo sobre la economía paraguaya. Si bien una leve retracción ya se ha comenzado a manifestar, aún existen diversas opciones para amortiguar los efectos adversos sobre la actividad económica local y, al mismo tiempo, brindar seguridad a los acreedores del Estado paraguayo. En esta entrega del Suplemento Económico, la consultora Investor expone el impacto que cada una de estas opciones tendrá sobre las cuentas fiscales del Estado y una serie de alternativas de política económica que puedan servir para atenuar los shocks negativos de corto y mediano plazo.
El Estado lleva cuentas detalladas de sus ingresos y egresos. El resultado fiscal puede ser primario (ingresos menos egresos directos) o global, en cuyo caso se incluyen los pagos de deuda, incluyendo los intereses financieros. De ser positivo, el resultado es superavitario –el Estado recauda más de lo que gasta– mientras que una cifra negativa significa que la balanza fiscal es deficitaria. En este último caso, se deberá recurrir a una fuente externa de financiamiento, ya sean organismos multilaterales, terceros países o incluso actores del sector privado (bolsa de valores). Si bien un déficit en las cuentas del Estado no representa de por sí un mal manejo del dinero público, es de suma importancia que los gastos sean administrados con prudencia, ya que este resultado tiene diversos impactos en la economía. Un déficit sostenido genera inflación y genera incentivos para elevar los impuestos, perjudicando a las empresas y a las personas.
En el 2013, uno de los primeros logros del gobierno del presidente Cartes fue la aprobación de la Ley 5098/13 de Responsabilidad Fiscal (LRF). Según lo enunciado por dicha normativa, esta “tiene por objeto establecer reglas generales de comportamiento fiscal orientadas a la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas”. Entre otras reglamentaciones, la LRF tiene como principal objeto contener el déficit en las cuentas de la Administración Central en un monto no mayor al 1,5% del PIB estimado para cada año fiscal. Este tope deberá ser previsto dentro de la Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN).