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La filtración de los audios en el país sudamericano provocó un verdadero tsunami en el Poder Judicial y aceleró el proceso para la aplicación de una reforma integral con miras a depurar el sistema de justicia.
El presidente del país, Martín Vizcarra, adelantó la elaboración de un proyecto de ley para la reforma, que llegará al Parlamento (unicameral) el 28 de este mes.
A tan solo una semana de la difusión del caso, casi todos los mencionados en la trama corrupta fueron inmediatamente suspendidos o removidos de sus cargos, y otros han presentado sus renuncias.
Los audios fueron grabados por la policía peruana con autorización judicial como parte de una investigación fiscal sobre narcotráfico. Las autoridades, en principio, le seguían la pista a una banda criminal de la comunidad portuaria de Callao.
Pero se encontraron con una red de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación cuyos protagonistas eran miembros de las más altas instancias judiciales, políticos y hasta empresarios.
El material tomó estado público luego de que el portal de periodismo de investigación IDL-Reporteros y el programa de televisión Panorama difundieran las grabaciones.
En las grabaciones se escuchan conversaciones telefónicas de magistrados del Supremo, de un tribunal de apelaciones y a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura –organismo que designa a los jueces y fiscales peruanos– pactar ascensos y fallos para favorecer a criminales.
En un audio se escucha al juez César Hinostroza negociar el fallo de un caso sobre violación de una niña de 11 años: “¿Qué es lo que quieren, que le bajen la pena o que lo declaren inocente?”, dice Hinostroza. Este magistrado fue inmediatamente suspendido por el Supremo.
También, en otro material un juez pide un ascenso para una funcionaria judicial.
Masivas renuncias
Desde que se hicieron públicas las escuchas hace una semana, comenzaron a “rodar” cabezas en las más altas esferas judiciales.
Los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Duberlí Rodríguez, y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez, presentaron renuncia indeclinable.
Antes de su dimisión, Rodríguez declaró al Poder Judicial en “estado de emergencia” por 90 días. La primera “víctima” del escándalo fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi, que presentó su dimisión al gobernante Martín Vizcara.
Le siguieron otros cinco magistrados de la Corte Superior de Justicia del Callao (regional).
De acuerdo con las publicaciones, al presidente de este Tribunal se le escucha en uno de los audios pedir coimas, unos 10.000 dólares, para beneficiar a un fiscal con un nombramiento.
Removidos del cargo
Tras las nuevas denuncias de corrupción, los siete miembros del Consejo de la Magistratura pusieron sus cargos a disposición del Congreso, que el viernes pasado se reunió en sesión extraordinaria convocada por el presidente de Perú, Martín Vizcarra, y decidió por unanimidad remover de los cargos a los implicados en este escándalo de corrupción.
Fuentes: AFP, Reuters y EFE.