Sin embargo, una vez pillados y detenidos de nada les va a servir la plata que recibían como pago por la protección, que con viveza aceptaban y quizá con el pensamiento de que podían incluso sacar mucho más provecho y de que no iban a ser descubiertos, por ser quienes tienen “bajo su control la vigilancia”.
El caso en el que un comisario principal, tres subcomisarios y cinco suboficiales de la Policía están presos, por supuestamente brindar protección a una estructura narco del norte del país, es un vivo ejemplo de la corrupción que inunda la institución.
La gravedad es que siendo un comisario, cabeza de una repartición policial, personalmente se haya puesto a disposición –según sostiene la fiscalía– del narcotraficante paraguayo más buscado Faustino Ramón Aguayo.
Lo mismo pasa con el hecho que se le atribuye al subcomisario Pedro Molinas, quien tenía a su cargo el Departamento contra el Crimen Organizado de Pedro Juan Caballero y al mismo tiempo, mantenía conversaciones con los narcotraficantes.
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En una oportunidad, Molinas retuvo un cargamento y para su liberación exigió la suma de US$ 400.000, que luego la redujo a US$ 200.000, de acuerdo con lo que había relatado el fiscal de la causa Hugo Volpe.
La Policía es un órgano de prevención, es decir, debe estar en vigilancia para evitar los ilícitos; debe estar al servicio de la ciudadanía, brindar seguridad y no aliarse con el bando al que realmente debería combatir y sacarlo de circulación.
Los tentáculos del narcotráfico no solo alcanzan a los policías, también a funcionarios municipales como es el caso del intendente colorado de Jesús de Tavarangue (Itapúa), Hernán Adolar Schlender, quien según la fiscalía entre el 2016 y 2018 habría lavado unos G. 3.000 millones provenientes del narcotráfico usando cuentas del Fonacide.
Lo mismo con agentes de la Senad, cuyo deber es combatir el narcotráfico y delitos conexos. En 2018, el jefe de la oficina regional en Encarnación, Ángel Almada, y su subalterno, Enrique Arrúa, fueron detenidos por proteger a supuestos narcotraficantes a cambio de coimas.
Almada y Arrúa tenían vínculos con el traficante de la zona sur del país Wilfrido Bareiro Vargas, alias Peloncho.
Otro caso, en 2017, agentes de la Senad detuvieron a cuatro agentes de la Brigada Central en Misiones por exigir, a través de llamadas telefónicas, el pago de US$ 200.000 para liberar una carga de 8.622 kilos de marihuana. Las comunicaciones fueron interceptadas.
¿Al cuidado de quiénes estamos? Al parecer de policías que no entienden muy bien cuál es el deber que se les asignó. En este aspecto, la precariedad que ahoga a la institución policial y a todo el personal, en cuanto a salario y protección propicia que los agentes caigan en la corrupción fácilmente.
Sin embargo, aquello no reduce el reproche ni les quita la responsabilidad.