El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil mantiene en suspenso un fallo que dejaría sin efecto más de treinta condenas relacionadas a la causa anticorrupción Lava Jato.
De aceptarse el recurso, los casos retornarían a la etapa de alegaciones finales, que antecede a una posible condena en primera instancia. Incluso, varios de los condenados a prisión podría recuperar su libertad.
Los ministros debían debatir la semana pasada los alcances del rechazo u otorgamiento de un hábeas corpus al exgerente de la estatal Petrobras Márcio de Almeida Ferreira, condenado por corrupción y lavado, al considerar que se alteró el proceso penal. Según la defensa de Ferreira, no se respetó en la última etapa de los procedimientos que los delatados hablen después de quienes los acusaron, es decir, los delatores (los acusados que aceptaron la delación premiada) para tener garantizada su plena defensa.
El pedido del exgerente se basa en una decisión adoptada en agosto pasado por un Tribunal de Segunda Sala que anuló una sentencia contra el expresidente de la estatal Petrobras Aldemir Bendine, también en el marco de Lava Jato.
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En ese caso, la condena fue dejada sin efecto porque Bendine debió –según los procedimientos legales– ser el último en presentar sus alegatos finales en el juicio, teniendo en cuenta que otros enjuiciados bajo la figura de la delación premiada presentaron pruebas (y pasaron a ser una especie de “auxiliares de la acusación”, según juristas brasileños) que contribuyeron para que el fallo se emitiera en su contra.
Ante el impacto que generaría la aceptación o rechazo del hábeas corpus, los miembros del Supremo Tribunal acordaron estudiar los alcance de fallo, sobre todo si será retroactivo y en qué caso será aplicado.
Para los ministros del Supremo alterar el orden de presentación de alegatos viola el derecho a la legítima defensa, por lo que el dictamen podría conducir a los tribunales a revisar decenas de fallos. El antecedente inmediato es la decisión adoptada en primera instancia contra los gerentes de Petrobras.
Oscuro esquema
El oscuro esquema de corruptelas salió a luz gracias a la operación judicial-policial Lava Jato. La red fue montada bajo el gobierno del expresidente Lula da Silva, e incluso –según las autoridades judiciales– prosiguió con su sucesora Dilma Rousseff.
En sus distintas fases llevó a prisión y sentó en el banquillo de los acusados a multimillonarios, empresarios de la construcción y políticos de primer plano de todos los partidos de Brasil.
El éxito de la operación anticorrupción se sustenta en el modelo de investigación con colaboraciones de los incriminados a cambio de la reducción de sus condenas (delación premiada), prevista en la ley brasileña.
Con la delación premiada se llegó desde los eslabones pequeños de la cadena hasta los altos cargos de la política, la función pública y las empresas involucradas.
Otro de los factores que contribuyeron con la causa es la independencia del Poder Judicial, que se fortaleció gracias a la transparencia y demostró solvencia ante los casos de figuras emblemáticas, muchas de ellas consideradas intocables.
Lava Jato llevó a una lucha sin precedentes contra la corrupción en Brasil, hasta el punto que trascendió fronteras y tumbó también a poderosos políticos de países de América Latina con el caso Odebrecht. Fuentes: (AFP/EFE)
Hábeas corpus
El hábeas corpus podría dejar sin efecto varias sentencias, entre ellas la condena en primera del expresidente Lula da Silva por el caso conocido como “Sitio de Atibaia”. El político de 73 años, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, está preso en una cárcel de Curitiba desde abril de 2018 por otra causa, ya en segunda instancia, por los escándalos de sobornos en la estatal petrolera Petrobras.
Fiscalía
Los fiscales que tienen a su cargo la operación anticorrupción advirtieron que la determinación de los ministros del Supremo podría invalidar al menos 32 sentencias que implican a 143 de los 162 condenados en la megaoperación. En agosto pasado, la máxima instancia judicial de Brasil ya aprobó un hábeas corpus similar con lo que quedó anulada, por primera vez, una sentencia vinculada a la causa Lava Jato.
viviana@abc.com.py