Datos y métodos
Set de datos
En este estudio se utilizaron incidentes anuales de estafa y lesión de confianza durante un período de tiempo comprendido entre 2001 y 2015, que representó más del 90 % de los delitos contra la propiedad en el sistema judicial paraguayo, y aumentó dramáticamente entre 2000 y 2016. (18) Se prefirió este enfoque para evitar el sesgo de agregación de las series (agregadas) de delitos contra la propiedad utilizadas por Schneider (2018), lo que puede resultar en una pérdida de información debido a una variación considerable de los diferentes tipos de delitos, cada uno con efectos disuasorios distintos(19).
Las dos variables dependientes se relacionaron posteriormente con la tasa de casos resueltos y otras covariables mencionadas en la literatura en un proceso exploratorio por etapas debido al tamaño de la muestra.
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La severidad y la celeridad, como otros componentes disuasorios, no se incluyeron en las diferentes especificaciones de regresión debido a la falta de datos disponibles.
Certeza, tal como se expresa por la tasa de casos resueltos, se midió en por ciento y se calculó el cociente entre los casos resueltos y los casos entrantes al final de un período determinado.
Los casos archivados son una variable de recuento al final de un período determinado. Los datos fueron obtenidos del Ministerio Público. El presupuesto de la Corte y el presupuesto de la Fiscalía se midieron en gasto por habitante (en moneda local) y fueron calculados con datos del Ministerio de Hacienda y del Banco Mundial. La variable fiscales es un recuento del número absoluto de los fiscales en un período determinado.
La tasa de desempleo indica la tasa oficial de desempleo en porcentaje (sin subempleo) en un período determinado. La tasa de crecimiento del Producto interno bruto y la tasa de crecimiento del ingreso nacional bruto por habitante fueron incluidos como regresores y representan la oportunidad legal de ingresos. Los datos fueron transformados para observar un conjunto de datos más estacionario.
Conclusiones y recomendaciones
Los resultados han demostrado que el aumento de la tasa de casos resueltos con respecto a los incidentes de estafa ejerció un efecto disuasivo altamente significativo en todas las especificaciones probadas y con una relevancia menos significativa para los incidentes de lesión de confianza. Al menos en el contexto de los típicos delitos de cuello blanco como la estafa y la lesión de confianza, la certeza por sí sola parece disuadir a los posibles infractores, sin embargo, solo con un efecto a corto plazo.
La disuasión para funcionar correctamente, en el sentido de maximizar el efecto combinado, requiere certeza, severidad y celeridad. Por lo tanto, el efecto combinado de los tres elementos podría ser mayor según lo informado (20). A pesar de las limitaciones debido a la falta de datos, los resultados exploratorios confirmaron la teoría de la disuasión.
Sin embargo, vale la pena señalar que este estudio exploratorio no describió todo el proceso de enjuiciamiento penal, que comienza generalmente con el trabajo de investigación policial seguido por un procesamiento público y termina con una sentencia en el tribunal.
En el caso particular de los delitos de cuello blanco, el Ministerio Público tiene que asumir tanto la investigación como el procesamiento dentro de la jurisdicción de Paraguay.
En general, más oportunidades de ingresos legales y mejores condiciones laborales pueden mitigar los delitos violentos al brindar una perspectiva de futuro más optimista, especialmente para los jóvenes (21).
De hecho, la mala conducta juvenil de hoy puede implicar el crimen de mañana (22). Sin embargo, no parece que este sea el caso para disuadir el fraude y la lesión de confianza. Esto se debe probablemente a la naturaleza y motivos del crimen de cuello blanco.
Sin embargo, a diferencia del sector privado, donde las empresas necesitan reducir los costos para ser competitivos, el sistema judicial es un monopolista y el único proveedor de un servicio público específico.
Los intereses a corto plazo (en su mayoría electorales) pueden expandir el sector público, incorporando nuevos empleados (y votantes) y, por lo tanto, reforzar el proceso expansivo del gasto público (23). El gasto del sistema judicial del Paraguay ya se encuentra a niveles de la media de los países europeos (24).
La gran mayoría de las víctimas depende de la experiencia o la buena voluntad del fiscal local del caso, a pesar de la existencia de una unidad especial que atiende los delitos económicos y la corrupción (UDEA), pero con limitaciones. Para hacer un mejor uso de sus conocimientos técnicos y ofrecer un mejor servicio a la sociedad, su uso debería ser menos restrictivo.
De manera más general, la experiencia y el conocimiento técnico se deben usar como un impulsor para aumentar la celeridad para un castigo oportuno, y reducir los atrasos acumulados significativamente en diferentes áreas mediante la implementación de juicios de vía rápida y tribunales especiales (25).
Esto también debería crear mejores prácticas para resolver tipos especiales de delitos y reducir los incidentes, y no solo por fraude y otros delitos de cuello blanco, aumentar la satisfacción de las víctimas y aumentar la confianza pública (26).
También se debe considerar la introducción de una fuerza policial con tareas de investigación para aliviar el trabajo de investigación de los fiscales, implementar considerablemente tecnología informática con interconectividad entre las instituciones y la generación de datos estadísticos básicos a tiempo, su monitoreo y predicciones para ciertos tipos de crímenes deberían incrementar considerablemente la eficiencia y consecuentemente la confianza pública y paz social.
Sin embargo, los datos indican claramente un problema epidémico.
Por lo tanto, se recomienda realizar estudios empíricos adicionales para comprender mejor los delitos de cuello blanco en Paraguay y ayudar a los responsables de la formulación de políticas públicas a tomar mejores y más informadas decisiones.
(18) Andreas Schneider, “Are their collars still white”, 124.
Ibid, 121; Todd L Cherry y John A. List, “Aggregation bias in the economic model of crime”, Economics Letter 75, No. 1 (2002): 81-86, https://doi.org/10.1016/S0165-1765(01)00597-3 y Kevin C. Lee, M. Hashem Pesaran y Richard G. Pierse, “Testing for aggregation bias in linear model”, Economic Journal 100 (1990): 137-150.
(20) Véase Mendes y McDonald, “Putting severity”, 588-610.
(21) Horst Entorf, “Crime and the labour market: Evidence from a survey of inmates”, IZA Discussion Paper No. 3976, Bonn (2009); Pablo Fajnzylber, Daniel Lederman y Norman Loayza, “What causes violent crime?” European Economic Review 46 (2002): 1323-1357 y Ann Dryden Witte y Helen Tauchen, “Work and crime: An exploration using panel data”, NBER Working Paper No. 4794, Cambridge (1994).
(22) Buonanno y Montolio, “Identifying”, 96.
(23) Alan T. Peacock, “The economics of bureaucracy: An inside view”, The Economics of Politics, IEA Readings 18 (1978): 120-121.
(24) Schneider, “Deterrence”, 5
(25) Véase Dalla Pellegrina, “Courts delays”, 267-290.
(26) Dee Cook, Mandy Burton, Amanda Robinson y Christine Vallely, “Evaluation of specialist domestic violence courts/ Fast-track systems”, (Crown Prosecution Service, London, 2004) y Vandana Peterson, “Speeding up sexual assault trials: A constructive critique of India’s fast-track courts”, Yale Human Rights and Development Journal 18, No. 1 (2017): 59-109.
(*) Licenciado en Administración de Empresas, Universidad de Ciencias Aplicadas, Koblenz, Alemania; Magister en Administración y Gestión de Empresas, Universidad Americana; Experto internacional en Gestión de Riesgos empresariales, Frankfurt School of Finance and Management, Alemania; Perito de la Corte Suprema de Justicia. Poder Judicial, Asunción, Paraguay.
Obs.: Artículo publicado in extenso en la Revista Jurídica de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay.
Email: me-andy@gmx.de