Niño soldado: Paraguay es condenado

Paraguay le debe pagar US$ 37.000 a María Noguera, madre del niño soldado Vicente Ariel, quien falleció en 1996 en pleno servicio militar, según la condena de la Corte de DD.HH.

María Noguera, en 1996, mostraba dónde había un golpe en el cuerpo de su hijo Vicente Ariel.
María Noguera, en 1996, mostraba dónde había un golpe en el cuerpo de su hijo Vicente Ariel.Archivo, ABC Color

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió sentencia en el caso “Noguera y otros vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas”, en fecha 9 de marzo de 2020 y notificada al Estado paraguayo el día 1 de abril pasado.

En el presente caso, es demandante María Noguera, madre de Vicente Ariel Noguera, niño soldado fallecido en extrañas circunstancias el 11 de enero de 1996 mientras prestaba el servicio militar obligatorio en el Chaco.

Se refiere que los demandantes habían solicitado en concepto de indemnización el monto aproximado de US$ 715.500. Sin embargo la Corte IDH resolvió una indemnización final de US$ 37.000 por daño material y costas y gastos judiciales, respectivamente, lo que evita al Estado paraguayo el desembolso de US$ 680.000.

Según los antecedentes, la Comisión Interamericana de DD.HH. sometió el caso “Vicente Ariel Noguera y Familia” en contra de la República del Paraguay a la jurisdicción de la Corte Interamericana el 2 de julio de 2018, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención Americana.

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Luego de los alegatos de las partes y de la Comisión, y consideraciones de la Corte, finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia sobre el presente caso.

En ese sentido, un informe de la Procuraduría General de la República (PGR) señala que “es importante destacar que la sentencia analiza las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Vicente Ariel Noguera, ocurrido en Mariscal Estigarribia, durante uno de los periodos de adiestramiento en Cimefor, en enero de 1996”. Agrega que se sostenía en la demanda que el Estado no había aclarado todas las circunstancias de estos sucesos a pesar del tiempo transcurrido.

La PGR refiere que el Estado ya había reconocido responsabilidad en este caso. Ocurrió en el 2011, bajo la presidencia del expresidente Fernando Lugo, en el marco de un acuerdo de solución amistosa suscrito con María Noguera.

En esa ocasión la administración Lugo se comprometió a pagar US$ 75.000 y una pensión vitalicia retroactiva desde 1996.

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En relación con la sentencia, la PGR refiere que “este reconocimiento, con algunos matices y oponiéndose a nuevas reparaciones e indemnizaciones, fue ratificado en la contestación de la demanda ante esta instancia internacional”. Agrega que “la Corte IDH hizo lugar a este reconocimiento de responsabilidad aunque advirtió que fue parcial. “Valoró positivamente, no obstante, la posición del Estado”, refiere la PGR.

En cuanto a nuevas reparaciones, señala que la sentencia ordena al Estado continuar con la investigación penal que tiene abierta, publicar la sentencia, incluir en los currículos de formación de las FF.AA. estándares internacionales sobre la posición de garante del Estado frente a las personas que prestan el servicio militar. Asimismo, informar sobre el avance legislativo de modificación del sistema penal militar, además de indemnizaciones y pago de costas.

Con relación a las indemnizaciones, la PGR refiere que María Noguera, “por su hijo fallecido, por ella misma como víctima, y también por otros tres hijos suyos, había solicitado un total aproximado de US$ 715.500”. Señala que esta decisión está acreditada en los párrafos 108 a 120 de la sentencia. “La Corte, oídos los argumentos del Estado, concedió solo la suma de US$ 20.000 por daño material y US$ 15.000 por costas y gastos judiciales”, indica el documento de la PGR.

María Noguera fundó una asociación de padres que perdieron sus hijos en los cuarteles y comenzó a hacer presión nacional e internacional para hacer justicia por la muerte de su hijo.

En ese tiempo fue que se presentó la denuncia contra el Estado Paraguayo ante la Comisión IDH, en Washington D.C.

Antecedentes del caso Noguera

El niño soldado Vicente Ariel Noguera falleció el 11 de enero de 1996 cuando realizaba su servicio militar obligatorio en la Tercera Compañía del Centro de Instrucción Militar para Estudiantes y Formación de Oficiales de Reserva (Cimefor) en la ciudad de Mariscal Estigarribia, Chaco paraguayo.

María Noguera, madre del joven, había señalado que recibió el informe de los militares que le entregaron el cuerpo sin vida de su hijo y le dijeron que amaneció muerto en su cama.

Sin embargo, las sospechas que esa versión era falsa comenzaron a salir a luz y se denunció que Vicente Ariel fue sometido a apremios físicos e incluso el cuerpo del soldado tenía varios golpes.

La Justicia ordinaria en un tiempo récord archivó el caso el 6 de noviembre del 2002. Resolvió que no hubo negligencia militar y que el caso se trató de un deceso por problemas de salud y presurosamente se guardó el caso.

Por esta razón la familia de Vicente Ariel Noguera demandó al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y luego el caso pasó a la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que tiene su sede en la ciudad de San José, capital de Costa Rica.

Corte no accede a otros pedidos

En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se hace mención que el Estado incluirá en su currículo de formación académica militar, de todas las armas, programas de DD.HH. adecuados a los estándares internacionales sobre su posición especial de garante frente a las personas que prestan el servicio militar y tienen que informar el avance de esto a la Corte IDH.

Esa máxima instancia no contempló pedidos de reparaciones adicionales realizados por la demandante, como por ejemplo el de darle el nombre de Vicente Ariel Noguera a una calle en Asunción, la construcción de monolitos en su homenaje y medidas sanitarias obligatorias contra el hantavirus (enfermedad transmitida por roedores infectados y que derivan en fiebre hemorrágica viral, fiebre hemorrágica con síndrome renal o síndrome pulmonar; es frecuente en clima seco como el del Chaco).

Por otra parte, la Procuraduría refiere que la Corte IDH, a propósito de estas reparaciones, hizo lugar a la excepción opuesta por el Estado, mediante la cual se denunció la irregular inclusión de los hermanos del fallecido como víctimas del caso –desde el punto de vista procesal–. Esto fue aceptado por la Corte, y estas personas fueron excluidas del proceso.

martin.riveros@abc.com.py

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