Los expresidentes de Petropar, a través de sus abogados Rubén Darío González y Arturo Daniel, aducen que el Ministerio Público realizó solo una diligencia en forma parcial, desarrollada única y exclusivamente por su propio perito contable.

“...las diligencias que había requerido como ‘indispensables’ para llegar a una conclusión afirmativa o negativa de la existencia de un hecho punible, pudieron haber sido desarrolladas en todo el periodo ordinario de investigación, y nunca fueron impulsadas por Petropar u otras instituciones estatales. Las supuestas diligencias no eran más que elementos para darle una mayor durabilidad al procedimiento y no anticipadamente tener que requerir una salida definitiva”, refirió el abogado Daniel.

Aseguró además que la “mayor durabilidad” del proceso servía como “suerte de pedazo ante los medios de prensa, que siempre encuentran incomprensible la deuda que hace varios años atrás viene manteniendo la estatal con PDVSA”.

Respecto al hecho, el profesional refirió que los contratos firmados entre Petropar y PDVSA utilizaron las tasas financieras acordadas, debido a que estaban permitidas en las condiciones generales de venta FOD de PDVSA, para la modalidad de entrega acordada y por ende, dice, se ajustaban estrictamente a lo establecido en el artículo 3° del Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas (ACEC), y al mismo tiempo estas resultaban ligeramente inferiores a las estipuladas.

Por su parte, la defensa de Cíbar Granada se allanó al sobreseimiento definitivo en la forma que peticionó el Ministerio Público.