El plan de fuga se concretó alrededor de las 00:15 de esa fecha, cuando un grupo comando atacó a tiros con arma de grueso calibre la entrada principal de la penitenciaría regional de Amambay, con asiento en Pedro Juan Caballero. Los criminales estaban distribuidos en al menos seis vehículos, cuatro de los cuales se instalaron frente a la prisión.
Dos de los evadidos resultaron ser el paraguayo Emiliano Rojas Giménez y el brasileño Eduardo Romano Costa, alias “Eduardo Feu da Silva”, quienes estaban procesados por el atentado contra el senador liberal Robert Acevedo, perpetrado el 26 de abril de 2010 y donde murieron el chofer y un custodio del legislador.
Los otros fugados fueron Francisco Aparecido Segovia, preso por balear de seis tiros a Ramón Cantaluppi Arévalos, jefe de tránsito de Pedro Juan Caballero, ocurrido el 21 de diciembre de 2009; Paulo Augusto de Souza, capturado por la Senad en 2011, Diego de Oliveira Braga, arrestado el 11 de febrero último en la capital del Amambay por su vinculación con grupos criminales de Brasil, y Gerardo Francisco de Oliveira. Todos ellos eran considerados miembros del Primer Comando da Capital (PCC), la poderosa organización criminal brasileña que cada vez acrecienta su presencia en Paraguay.
Al mismo tiempo en que se desarrollaba el ataque al reclusorio, los mencionados internos ocasionaron destrozos en su interior y luego escaparon por un costado, donde abordaron dos vehículos que los esperaba a la salida.
La Policía fue alertada tarde del suceso y envió refuerzos al penal. Posteriormente, realizaron un operativo de rastrillaje para capturar a los delincuentes, pero estos ya habían pasado a territorio brasileño. De todos ellos, solo Eduardo Romano Costa pudo ser recapturado el 4 de junio de 2011 la vecina ciudad de Ponta Porã.
Complicidad de funcionarios y razzia
El éxito del operativo comando que derivó en el rescate de los seis peligrosos criminales fugados de la cárcel regional de Amambay dejó al descubierto las múltiples irregularidades que se toleraban dentro de los centros penitenciarios del interior del país.
También trajo como consecuencia la desvinculación de 17 funcionarios de la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero que se encontraban de guardia en el momento que se produjo el ataque. También fue destituido su entonces director, Catalino Díaz, quien fue arrestado e imputado por la fiscala Camila Rojas.
Los guardiacárceles afectados por la medida de sanción ordenada por la entonces directora de Institutos Penales, Olga Blanco, no tuvieron otra alternativa más que confesar que el propio director era quien otorgaba privilegios a muchos de los reos del centro penitenciario.
Pero el escándalo subió más aún de tono tras la captura de Eduardo Romano Costa en un barrio residencial de Ponta Porã, por parte de agentes de la Policía Civil brasileña.
Este convicto reconoció frente a los uniformados que ellos sobornaron a los funcionarios penitenciarios a cambio de que los dejaran consumar la fuga.
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