“Como representantes de la empresa ante las instancias administrativas, civiles y penales, han violado su deber de cuidado con relación a lo que los mismos para el Derecho Penal son garantes de los controles de Seguridad de la empresa y en especial de tener personas que controlen a los choferes que tienen la delicada función de manejar los transportes públicos”, manifestó el fiscal en la imputación.
“Estos gerentes deberían de adoptar las medidas necesarias de control de los choferes de su empresa, para prevenir hechos graves, como el cometido por el imputado Julio Arístides Quintana, que puso en peligro no solo la vida de los pasajeros que se encontraban en el ómnibus en ese momento, sino también de los transeúntes que transitaban en la zona”, dice el argumento del fiscal.
“Como se puede notar, en sus declaraciones manifestaron que la empresa no cuenta con una persona especial que realice un control de choferes que toman su turno, irresponsabilidad esta que pone en peligro a todos los pasajeros y transeúntes”, agregó el fiscal.
El fiscal tiene un plazo de cuatro meses para presentar los actos conclusivos en la causa, que pueden ser sobreseimiento provisional o definitivo o la acusación.
En la misma situación se encuentra el chofer del colectivo, para quien el fiscal tiene un plazo de cuatro meses de investigación.
Los hechos no pasan del máximo de cinco años de cárcel, por lo que pueden estar con medidas alternativas a la prisión preventiva.
Christian Bernal es uno de los fiscales de la Unidad Especializada de Seguridad y Convivencia de las Personas, cuya sede se encuentra en el barrio Sajonia de Asunción.
La unidad del Ministerio Público tiene a su cargo los casos que afectan al relacionamiento entre las personas y sus consecuencias. Por eso es que tienen la potestad de intervenir en hecho de alcotest positivos, que se sucedan en Asunción y alrededores.