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El caso Gürtel (cinturón en alemán y en referencia al cabecilla de la trama, Francisco Correa) es una red de tráfico de influencias, lavado de dinero, propinas, evasión fiscal y sobornos, montada durante el gobierno de José María Aznar (PP, 1996-2004), tejida por empresarios que pagaban coimas a dirigentes del Partido Popular (PP) a cambio de su apoyo para acceder a contratos públicos y otras licitaciones del Estado en diferentes regiones del país europeo.
El esquema utilizado por los involucrados es muy similar a la causa “Lava Jato” en Brasil.
El caso español salió a luz luego de que el reconocido juez español Baltazar Garzón lo hiciera público. Las investigaciones iniciaron en 2009, pero se centró en el periodo 1999-2005.
La mayoría de los involucrados fueron acusados de crímenes por falsificación de cuentas, tráfico de influencias, asociación ilícita, cohecho, malversación, delitos fiscales y prevaricación.
El caso Gürtel promete hacer rodar más cabezas, incluso al más alto nivel: la jefatura o presidencia del Gobierno, ejercida hasta el pasado viernes por Mariano Rajoy.
De acuerdo con los cálculos de la Justicia un solo empresario se habría beneficiado de forma ilícita de unos 8,4 millones de euros (G. 56.000 millones al cambio actual) en contratos públicos, entre 1990 y 2009.
La sentencia cobra relevancia teniendo en cuenta que además de hallar culpables a empresarios, dirigentes políticos y a las esposas de éstos, el castigo alcanza por primera vez para una institución política que deberá pagar una millonaria multa por “enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado”.
De los 37 imputados en la causa, 29 recibieron altas condenas, entre ellos el poderoso empresario Francisco Correa, que deberá estar en la cárcel por 51 años; y el extesorero del PP, Luis Bárcenas, que purgará una pena de 33 años y 4 meses de prisión.
Bárcenas, en sus declaraciones confesó haber entregado cada mes unos sobres conteniendo miles de euros en “billetes de 500” a altos dirigentes del partido conservador.
La Justicia descubrió que Bárcenas, además de recibir coimas, sustrajo fondos de la “Caja B” del partido, con los que consiguió acumular cerca de 48,2 millones de euros (G. 336.000 millones) en su cuenta bancaria en Suiza.
La suma total de las penas de los 29 condenados es de 351 años.
Condena al partido
El tribunal de la Audiencia Nacional de Madrid, que investiga la mayoría de los delitos graves de corrupción, entendió que se probó fehacientemente que el Partido Popular se benefició de la trama corrupta y manejó desde 1989 una contabilidad paralela conocida como “Caja B” desde ese mismo año.
Por ello, como condena (castigo administrativo) le ordenó a la formación política conservadora a pagar unos 245.492 euros (G. 1.700 millones) por ser “partícipe a título lucrativo”.
Según la sentencia, el sistema de sobornos, que lo integraban tanto funcionarios como miembros del PP -quienes facilitaban las gestiones para que los empresarios accedan a los contratos públicos- le “produjeron beneficios económicos cuantificables al Partido Popular, consistentes en la financiación ilegal de actividades y diversos actos políticos”.
Destituido
El fallo contra el partido generó la reacción de las formaciones opositoras en el Parlamento que pidieron la dimisión del jefe de Gobierno, Mariano Rajoy. Éste, por más de 30 años integró el cuadro principal de dirigentes de la agrupación política.
El expresidente Aznar estuvo al frente del PP hasta el 2004 y luego asumió Rajoy.
La oposición reunió los votos necesarios para la moción de censura contra el jefe de Gobierno y lo destituyeron.
Este mecanismo está establecido en la Constitución española para cambiar a un presidente en ejercicio, pero también deben sugerir un nuevo candidato con un plan de administración. Para hacer cumplir la moción, debe ser aprobada por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
Falso testimonio
Ante un tribunal, Rajoy declaró que nunca se hizo cargo de la contabilidad del partido. Pero ahora ese mismo Tribunal duda de la veracidad de su comparecencia.
El político conservador, el año pasado, fue el primer jefe de Gobierno en funciones en concurrir como testigo del caso de corrupción más emblemático de la democracia española.
La trama se destapó
en 2009 luego de que el juez Baltazar Garzón sacara a luz la existencia de un esquema corrupto que involucraba a la dirigencia del Partido Popular español, al que pertenece el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La formación política presentó recusación contra Garzón y la Fiscalía pidió su inhibición.
Son los imputados
en el caso Gürtel, la red integrada por empresarios que en connivencia con políticos del partido conservador accedían a contratos con el Estado a cambio de propinas o coimas. La investigación es considerada la más larga en la historia democrática de España.
El juicio
que llevó a una treintena de empresarios, políticos y autoridades electas al banquillo de los acusados comenzó a finales de 2016. Con la investigación salió a luz un esquema de cobro de sobornos, sobrefactu-
raciones y lavado de dinero del que participaron unas 23 sociedades, lideradas por el empresario Francisco Correa.
Fraude, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
La Audiencia Nacional de Madrid, por el caso Gürtel, emitió altas condenas por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, asociación criminal y otros cargos.
Considerado como el líder del entramado corrupto, Francisco Correa, fue condenado a 51 años de cárcel por prevaricación, fraude, cohecho, falsedad documental, fraude, malversación de fondos y delitos contra la Hacienda Pública.
Su socio y exsecretario del Partido Popular (PP), Pablo Crespo fue castigado con 37 años y 6 meses de cárcel, mientras que el extesorero del PP, Luis Bárcenas purgará una pena de 33 años. Además, le fue impuesta una multa de 44 millones de euros (G. 308.000 millones).
La administradora del conglomerado Correa, Isabel Jordán, estará en prisión por 14 años y 10 meses; el contador, José Luis Izquierdo, 17 años y 7 meses; y la encargada de facturación, Alicia Mínguez, 3 años y seis meses de cárcel.
Los políticos
Entre los políticos y electos condenados están entre otros: Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda (Madrid), con 38 años de cárcel; Alberto López Viejo, el exconsejero de la Comunidad de Madrid, con 31 años de cárcel y Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) sentenciado a 14 años de cárcel.
El exdiputado del PP Jesús Merino fue sentenciado a 3 años y 7 meses de cárcel; y el extesorero del PP y exdiputado de Alianza Popular, Angel Sanchís, a un año de cárcel.
José Luis Peñas, concejal del partido y denunciante del caso, pasará 4 años y nueve meses encerrado.
Las esposas
La exesposa de Sepúlveda y exministra, Ana Mato fue condenada a 14 años de prisión y a devolver 27.800 euros (unos G. 194 millones) por regalos y viajes familiares financiados por el esquema Gürtel. En España esto se conoce como “partícipe a título lucrativo”.
La exconcejal y esposa del exalcalde Ortega, Gema Matamoros, que también recibió regalos millonarios y viajes todo pago del grupo Correa, fue condenada como partícipe a título lucrativo, deberá devolver 45.066 euros (G. 315 millones).
La esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, recibió una condena de 15 años de prisión. Para la Justicia española la mujer, en complicidad con su esposo, ocultó el dinero de ambos en una cuenta bancaria abierta en España, supuestamente obtenido por la falsa venta de un cuadro. Parte de los fondos los depositó en un banco de Suiza.
Carmen Rodríguez, exesposa de Francisco Correa, pasará 14 años y ocho meses de cárcel por ser “partícipe a título lucrativo”.
Fuentes: AFP, EFE, Reuters.
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